Africa 3.0

¿Justicia para los más pobres?

mina

En 2010, African Minerals Limited (AML) comenzó a operar en la zona de Tonkolili en el centro de Sierra Leona, para extraer mineral de hierro a través de su filial Tonkolili Iron Ore Ltd (TIOL). Desde 1996, ya estaba presente en el país, pero centraba su actividad en las minas de diamantes. AML estaba en la lista del Mercado Alternativo de Inversión (AIM) de la Bolsa de Londres -en el que cotizan pequeñas y medianas empresas de todo el mundo- y llegó a ser el mayor empleador del país. A principios de 2015, su fundador, Frank Timis, perdió el control de la firma cuando su socio chino, Shandong Iron and Steel, se hizo cargo de toda la deuda de la compañía.

Desde un inicio, las actividades de TIOL llevaron aparejadas la expropiación forzosa de tierras y el desalojo de las personas que allí habitaban. Estas se opusieron y la policía intervino. El resultado fue de 41 muertos en las protestas de 2010 y 2012, además de cientos de detenidos, que fueron apaleados, y la evicción de sus tierras de las aldeas de la zona, como ya denunció en un informe de 2014 Human Rights Watch: Whose development? Human Rights Abuses in Sierra Leone’s Mining Boom. En él se confirma que cientos de familias fueron desalojadas de sus tierras para dejar espacio a las actividades de la minera cerca de la ciudad de Bumbuna sin apenas consultar a los aldeanos. Estas personas perdieron sus medios de subsistencia al ser privadas del acceso a la agricultura de la que habían vivido durante generaciones.

Según los testigos entrevistados por HRW, el entonces comandante de la policía dijo que durante la huelga de 2012 las fuerzas del orden irrumpieron en las casas antes de golpear y arrestar a las personas “al hacer esto, asustábamos a la gente y les demostrábamos que teníamos la situación controlada”, habría afirmado el oficial.

Otro de los testigos declaró que en 2013 los oficiales de policía disparaban a los intrusos, que luego eran enterrados por los trabajadores de AML. Él asegura haber visto cómo estos oficiales obligaron a algunas de las excavadoras a cavar hoyos en los que se enterraron cuerpos de opositores a las actividades de la minera.

La compañía siempre ha negado estas acusaciones. Sin embargo, las comunidades locales no se dieron por vencidas y visto que su propio gobierno no les prestaba ninguna ayuda, decidieron demandar a Tonkolili Iron Ore Ltd ante un tribunal británico. Una firma de abogados de Londres presentó ante la Corte Suprema de esa ciudad las pruebas necesarias para que el juez admitiera a trámite el caso en diciembre de 2015. En enero de este año, el tribual resolvió 101 reclamaciones relacionadas con el caso y decidió que siguiera adelante. La compañía se ha opuesto a esta demanda alegando que no tiene ninguna responsabilidad sobre las acciones de la policía y que la corte británica no tiene jurisdicción sobre el caso. Pero los abogados de los demandantes han podido presentar pruebas de la connivencia de esta con las fuerzas de seguridad a la que daban órdenes y pagaban sobornos por su ayuda.

Es importante señalar que la firma legal que representa a los campesinos sierraleoneses es la del prestigioso abogado Leigh Day, que ya consiguió una victoria sobre la petrolera Shell en nombre del pueblo Ogoni del Delta del río Níger en Nigeria. En aquella ocasión, 150 millones de libras fueron otorgados por el tribunal a los habitantes de la zona.

Este caso, junto con el del Delta del Níger o tantos otros, pone de  manifiesto la impunidad con la que hasta el momento las grandes compañías occidentales han violado sistemáticamente los derechos humanos con la complicidad de sus gobiernos y de los políticos locales. Sin embargo, la buena noticia es que esto parece que empieza a cambiar y los más pobres y humildes pueden esperar justicia para sus reclamaciones.

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