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Chad se agita y el FMI tiene algo que ver con ello

La situación se tensa en Chad. Desde finales de enero se suceden las protestas contra las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno. Este ha prohibido las manifestaciones y las fuerzas de seguridad han respondido con violencia ante los manifestantes. La oposición denuncia que centenares de personas han sido detenidas y decenas heridas, principalmente en la capital, Yamena.

Desde finales de enero, el país ha estado paralizado debido a una huelga en la administración pública. A partir de ahí, otros colectivos convocaron una gran manifestación para el 8 de febrero bajo el eslogan de El jueves de la cólera. Entre otras reivindicaciones se encontraban el decir no al nepotismo que marca la política chadiana, poner fin a los abusos de los agentes de la ANS (Agencia Nacional de Seguridad) y denunciar el empobrecimiento programado de la mayoría de los ciudadanos y el enriquecimiento insolente y desmesurado de una minoría. El hecho que que dio pie a todas estas protestas ha sido el continuo encarecimiento de los productos básicos y las medidas de austeridad acordadas por el Gobierno del presidente Idriss Déby -en el poder desde 1990, tras un golpe de estado. Aunque posteriormente se ha presentado a varias elecciones ganándolas todas-.

Detrás de estas medidas, igual que sucede en otros países africanos, como es por el ejemplo el caso de Sudán o Túnez en estos momentos, se encuentra el acuerdo firmado entre Chad y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio de 2017 que concedía al país una línea de crédito de unos 255 millones de euros durante tres años. Para recibir el segundo desembolso, Yamena debe controlar las nóminas que paga a sus funcionarios y liquidar la deuda que tiene con el grupo anglo-suizo Glencore. Esta compañía prestó a la petrolera estatal Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) cerca de 1.45 mil millones de dólares en 2014 para ser reembolsados con petróleo crudo. En 2015, el préstamo se reestructuró tras la caída de los precios del petróleo. Desde entonces, Chad pelea para pagar su deuda, pero no consigue llegar a un acuerdo con la multinacional.

Mientras intenta cerrar un pacto con Glencore, en enero el Gobierno chadiano recortó en un 50% las bonificaciones y asignaciones a los funcionarios, que ya había disminuido en otros 50% en 2016. Igualmente, ha reducido los subsidios a los productos básicos.

De ahí que el 8 de febrero muchos ciudadanos salieran a la calle a protestar. Pero, por ejemplo, en la capital, Yamena, no se pudieron manifestar más de diez minutos, tiempo que necesitaron las fuerzas de seguridad para comenzar a dispersarlos con gases lacrimógenos y “munición real” según denunciaron algunos diputados de la coalición de partidos de la  oposición. Esta asegura que como consecuencia de la acción policial se produjeron más de 50 heridos de bala y más de 600 detenidos, solo en la capital. La policía de Yamena desmiente este informe y afirma que no hubo munición real ni tampoco heridos.

El Gobierno asegura que la policía se vio obligada a intervenir ya que las manifestaciones habían sido prohibidas por razones de seguridad “ante el temor de que Boko Haram aprovechase la ocasión para cometer algún atentado”. El Ejecutivo también decidió suspender a 10 partidos de la oposición como represalia por haber convocado las marchas.

Los funcionarios decidieron suspender la huelga ante la presión recibida. Pero a pesar de la represión y las amenazas, el descontento crece día a día entre la población y no se descartan nuevas acciones de protesta en un futuro próximo.

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