3.0 Opinion

La claudicación del Estado frente al secesionismo catalán

Los gobiernos de España  en la Primera y Segunda República, y durante la Guerra Civil, han cedido al chantaje del independentismo catalán y han dejado prácticamente impunes los siguientes golpes de Estado y las rebeliones contra los mismos:

Golpe de Estado contra la  Primera República

El 9 de marzo de 1873 se proclamó en Barcelona el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. No se adoptó para abortarla resolución alguna por  el débil presidente, el catalán Estanislao Figueras, al que, por el contrario, los golpistas exigieron, para desconvocar la proclamación,  el nombramiento como presidente del socialista catalán Pi y Margall y la  disolución del ejército español en Cataluña. El gobierno de Pi y Margall, ideólogo federal no independentista, no consiguió detener la rebelión cantonal que intentó combatir infructuosamente, combinando la persuasión y la represión, que, sin embargo, ordenó el presidente Salmerón, y culminó la dictadura del general Serrano con la derrota del cantón de Cartagena en enero de 1874, tras  del golpe de Estado de Pavía.

Golpe de Estado contra la Segunda República

El mismo día 14 de abril de 1931 en que se proclamó la II República, Maciá proclamó   la República Federada Catalana. El recién proclamado Gobierno provisional de la República no estaba en condiciones de abortar dicha proclamación unilateral y se limitó a enviar el 17 de abril, en avión, a Barcelona a los nuevos ministros Fernando de los Ríos, Marcelino Domingo y Nicolau d’Olwer quienes, después de tensas conversaciones con Maciá, consiguieron  que éste aceptara un Estatuto de Autonomía para Cataluña.

Manuel Azaña, en el debate sobre dicho Estatuto, cuya redacción elaborada íntegramente por la Generalitat le presentó Companys el mes de agosto de 1931, antes de que se aprobara la Constitución en diciembre de ese  año , en la sesión de las Cortes de 23 de mayo de 1932, creyó, ingenuamente, que la República conseguiría  la unión esencial de todos los españoles al “conjugar la aspiración particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de Cataluña con los intereses o los fines generales y permanentes de España dentro del Estado organizado por la República”. La aprobación del Estatuto, con el voto favorable de los diputados catalanes, no satisfizo totalmente las  pretensiones secesionistas.

De izquierda a derecha, Azaña, el general Batet, Salmerón y Companys.

Golpe de Estado y rebelión militar contra la República el 6 de octubre de 1934

El presidente de la Generalidad, Lluís Companys (ERC), volvió  a proclamar unilateralmente el Estado Catalán de la República Española. Se hizo un reclutamiento de 8.000 voluntarios, una mitad para la raya fronteriza y otra para la capital. Se envió a Bélgica un diputado para comprar armas, cañones, ametralladoras y fusiles. El domingo 17 de octubre, el Consejo de Ministros, mediante decreto firmado por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y por el presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, declaró el estado de guerra en todo el territorio nacional. El general Batet (laureado militar catalán, católico, fusilado al terminar la guerra  civil por negarse a sublevarse contra la República), dejó prudentemente pasar el tiempo esperando reducir a los rebeldes. A las seis de la mañana, Companys comunicó a Batet su rendición. En la rebelión fracasada murieron cuarenta y seis personas, treinta y ocho civiles y ocho militares. El presidente y el Gobierno de la Generalitat fueron juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, condenados por “rebelión militar” a treinta años de prisión y la autonomía catalana fue suspendida indefinidamente por una ley presentada a las Cortes por Gobierno de la CEDA con Lerroux, vigente sólo hasta la victoria del Frene Popular en febrero de 1936.

 Golpe de Estado, rebelión militar y traición contra la República durante la  Guerra Civil

El Frente Popular no sólo indultó a la Generalitat por la rebelión del 7 de octubre de 1934, que dejó impune, y restauró la vigencia del Estatuto, sino que incorporó a seis ministros de ERC y a varios anarquistas a los gobiernos del Frente, entre ellos, a Companys, condenado por rebelión militar, como ministro de Marina, introduciendo el caballo de Troya contra la República, a la  cual traicionaron durante la guerra civil.  El gobierno de la República tuvo que luchar contra la insurrección militar franquista, contra el fascismo italiano y alemán, y contra la indiferencia francesa y la hostilidad británica, promotora del vergonzante Comité de No Intervención, pero en la retaguardia tuvo que luchar contra los nacionalistas independentistas catalanes, que aprovecharon la guerra civil, como siempre han aprovechado los momentos de crisis y debilidad de los gobiernos de España,  para proclamar la independencia de Cataluña. “No nos engañemos”, ha dicho el catedrático de izquierdas catalán Vicenç Navarro, ahora militante de Podemos, en el diario Público del 24 de junio de 2010: “Las clases dominantes de las diferentes naciones de España se aliaron para derrotar a la República, siendo los nacionalistas conservadores y liberales catalanes de los años treinta los mayores promotores en Catalunya del golpe militar, como antes del de Primo de Rivera,  que persiguió con mayor brutalidad la identidad catalana”.

En los artículos de Azaña,  escritos desde el exilio en Francia, que quizá fueran los más amargos y acaso también los más lúcidos, especialmente los de “Cataluña en la Guerra” y la “Insurrección libertaria y el Eje Barcelona-Bilbao”,  y antes, en su excelente  “Velada de Benicarló”, en el que acusa expresamente de traición a la Generalitat, revela, entre muchos actos de deslealtad a la República, protagonizados por aquella y la CNT: “creación del ejército catalán, al considerar que el ejército de la República era un ejército de ocupación. Todos los establecimientos militares de Barcelona quedaron en poder de las «milicias antifascistas», controladas por los sindicatos y el gobierno catalán que publicó unos decretos organizando las fuerzas militares de Cataluña”.   “En los tiempos de mayor desbarajuste”, sigue Azaña, “subyugado el Gobierno catalán por la CNT, pactó con los sindicatos un decreto de militarización, concediendo en cambio que ciertas industrias serían oficialmente colectivizadas. La colectivización y ruina de las industrias y fábricas de material de guerra en Cataluña, desarmaron al gobierno de la República. En cierta ocasión, el gobierno catalán suspendió o prohibió la fabricación de un pedido contratado directamente por el gobierno de la República. Hasta septiembre de 1938 no se decidió el Gobierno Negrin a militarizar, sometiendo al ministerio de la Guerra, las fábricas de material”, sentenciando Azaña: “La Generalitat ha vivido en franca rebelión e insubordinación y si no ha tomado las armas para hacer la guerra al Estado será o por qué no las tiene o por falta de decisión o por ambas cosas pero no por falta de ganas”.  En  su  artículo “La Insurrección libertaria y el Eje Barcelona-Bilbado”  Azaña, decepcionado, que había sido el autor y brillante principal defensor del Statut en 1932,  escribió¨: “Los hechos, parecen demostrar que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario y asimilista o bajo un régimen autonómico la cuestión catalana perdura como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas, de injusticias. Es la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del cuerpo español”.

En la primavera de 1938, en un rapport del Estado Mayor, se afirmaba que, perderse Madrid, Valencia y toda la zona centro-sur de la península, no significaría haber perdido la guerra, porque desde Cataluña podía emprenderse la reconquista de toda España. En realidad el mismo Azaña ya daba por perdida la guerra en esa fecha, que dejó impune de nuevo  el desarme y la traición del catalanismo de izquierdas y de la CNT, precipitando la derrota de la República el 1º de abril de 1939, que podría haber resistido sin muchas dificultades cuatro meses más hasta el comienzo de la segunda guerra mundial con la invasión de Alemania los Sudetes de Yugoeslavia en septiembre de 1939, lo que hubiese salvado a la República al quedar al lado de las democracias occidentales, que era el objetivo primordial de la política de resistencia del presidente Negrin, quien, en noviembre de 1938, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes, afirmó, según refiere Julián Zugazagoitia: ”Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco. En punto a la integridad de España soy irreductible y la defenderé de los desafueros de los de adentro”.

Golpe de Estado, rebelión y sedición contra el Estado Español el 27 de octubre de 2017

La Generalitat, tras la aprobación de las leyes de transitoriedad y del referéndum de autodeterminación en el Parlament , sin debate parlamentario, y después de haber sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, celebra un referéndum ilegal sin garantías y se proclama por el Parlament la declaración unilateral de independencia de Cataluña, que, al igual que en octubre de 1934, es abortada por el Estado de Derecho Español mediante la actuación independiente de los  tribunales, que decretaron la prisión provisional contra el presidente y los consejeros de la Generalitat por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, impecablemente calificados por el magistrado instructor del Tribunal Supremo, y mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobada por el Senado,  con la convocatoria de elecciones autonómicas.

Como la historia se suele repetir en España, se corre el riesgo de que, como hizo el Frente Popular, los gobernantes independentistas catalanes vuelvan a ser indultados si logran formar gobierno el PSOE de Pedro Sánchez, si no renuncia al esperpento de la plurinacionalidad, con Podemos y ERC, en un segundo Frente Popular, que sería peor que el primero, sin Azaña, si pueden legalizar el eufemismo del derecho a decidir de todas las “naciones” que se formen en España, que lo pidan “intensamente” y se proclamen estados independientes , como se recoge en el programa electoral de Podemos, lo que ocasionaría la balcanización, el cantonalismo y la desintegración de España, si la Unión Europea no lo remedia.

Eligio Hernández Gutiérrez es ex magistrado, abogado en ejercicio, ex fiscal general del Estado y actual vicepresidente de la  Fundación Juan Negrin.

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