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La polémica sentencia de “La Manada”

Es comprensible la masiva reacción popular por la sentencia de La Manada que ha herido la sensibilidad moral de pueblo, especialmente de las mujeres.Cuando los miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo aprueban leyes o dictan resoluciones impopulares, se exponen a sufrir un castigo electoral o la crítica de la opinión pública, que  también es normal  y conveniente que sufran los jueces y fiscales, como medio necesario para su control y para mantener la confianza del pueblo en la Justicia. En un artículo en el País, el Magistrado que fuera presidente de la  Sala II y V del Tribunal Supremo, José Jiménez Villarejo, afirmaba, con mucha razón, que todos los órganos del poder judicial, como los de los otros poderes del Estado, están sometidos a la crítica de la opinión pública, que no tiene forzosamente que retroceder ante el uso de expresiones que puedan resultar molestas e incluso hirientes para los jueces criticados, siempre que no tengan un significado objetivamente calumnioso o injurioso”, y, añado, “siempre que no se produzca un linchamiento moral a los jueces”, como desgraciadamente, ha ocurrido en este caso. En el art.117.1 de la Constitución se establece que : “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados….”, pero mientras que el pueblo,-en el que reside la soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado (art.1.2 de la Constitución)-, elige y controla a los miembros del  Gobierno  y del Parlamento,  los jueces están  sustraídos al control público(STC 96/1987; 13/1985;38/1982;62/1982), aunque  su legitimidad democrática dimana de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La reacción de los partidos políticos y de algunos responsable políticos, ante la sentencia, sin haberla estudiado con rigor,  ha sido lamentable, al empeñarse precipitadamente en una reforma del Código Penal, que se ha hecho en 30 ocasiones desde la vigencia del Código Penal de 1995  a golpe de sucesos con impacto mediático emocional y perspectivas electoralistas, en lugar de hacer un saneamiento de dicha norma con reflexión y ponderación sustraída de la lucha partidaria (E.T.Dulce).  Creo sinceramente que los  Magistrados que han dictado la sentencia de La Manada, son personal y profesionalmente honestos, y que la han motivado ampliamente con rigor técnico, y fundamentos  jurisprudenciales discutibles, aunque yo no la comparto, como discrepo totalmente del incomprensible voto particular. Ciertamente,  técnicamente,  es harto compleja la distinción entre violencia o intimidación constitutiva de la  agresión sexual,  y abusos deshonestos, que no requieren violencia o intimidación,  objeto de la condena, así como el deslinde entre la intimidación y el  prevalimiento apreciado en  la sentencia, por lo que es lógica la duda y la aplicación del  principio “in dubio pro reo”.

Sin embargo, tras la lectura detenida de los hechos probados de la sentencia, constatados en su más absoluta objetividad,  comparto la opinión de que  los procesados han cometido  un delito de violación,- sobre el que el Tribunal Supremo, tendrá, probablemente, que modificar, en parte,  su jurisprudencia, que haría  innecesaria la reforma de los citados tipos del Código Penal,- por los  argumentos jurídicos siguientes, teniendo en cuenta el relato fáctico, objetivamente descrito:

-Los hechos sucedieron en un habitáculo de forma irregular y tamaño reducido (unos 3m²);concretamente se trata de una zona sin salida de 2,73 cm de largo, por 1,02 cm de ancho y1,63 cm de ancho en la parte más amplia, a donde fue dirigida la victima  por los procesados, donde la rodearon .Al encontrarse en este  lugar recóndito y angosto , con una sola salida, rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión, “ la denunciantese sintió impresionada y sin capacidad de reacción. En ese momento notó como le desabrochaban la riñonera que la llevaba cruzada, como le quitaban el sujetador sin tirantes abriendo un clip y le desabrochaban el jersey que tenía atado a la cintura; desde lo que experimentó la sensación de angustia, incrementada cuando uno de los procesados acercó la mandíbula de la denunciante para que le hiciera una felación y en esa situación, notó como otro de los procesados le cogía de la cadera y le bajaba los leggins y el tanga. La denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor, y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad , determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera , manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados .

– Los procesados,  aprovecharon la situación de la denunciante en el habitáculo al que la habían conducido, para realizar con ella diversos actos de naturaleza sexual, con ánimo libidinoso, actuando de común acuerdo. En concreto y al menos “ la denunciante” fue penetrada bucalmente por todos los procesados ; vaginalmente por Alfonso Jesús Cabezuelo y José Ángel Prenda, éste último en dos ocasiones , al igual que Jesús Escudero Domínguez quien la penetró una tercera vez por vía anal , llegando a eyacular los dos últimos y sin que ninguno utilizara preservativo . Durante el desarrollo de los hechos Antonio Manuel Guerrero, grabó con su teléfono móvil seis vídeos con una duración total de 59 segundos y tomó dos fotos; Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, grabó del mismo modo un vídeo, con una duración de 39 segundos. Posteriormente los procesados abandonaron el habitáculo y dejaron a la víctima sola.

-La denunciante fue trasladada desde el lugar de los hechos hasta el Servicio de Urgencias de Complejo Hospitalario de Navarra, donde se le revisó ginecológicamente a partir de las 5, 20 horas, administrándosele tratamiento anticonceptivo de emergencia y profiláctico. Como consecuencia de los hechos tuvo lesiones consistentes en: lesión eritematosa en zona de horquilla posterior en la zona de la cinco horarias para cuya curación precisó de una primera asistencia facultativa. Se le realizó una prueba de detección de alcohol que determino un resultado positivo de 0,91 +/- 0,05 g/l de alcohol en sangre y 1,46 +/- 0,06 g/l de alcohol en orina.

No hace falta forzar el análisis de éstos hechos para llegar a la conclusión de que los procesados ejercieron fuerza contra la victima (El Código Penal vigente de 1995 sustituyó la palabra fuerza, técnicamente más correcta, por la palabra violencia) lo suficiente para  doblegar  su voluntad, y, en todo caso, el hecho de que cinco jóvenes  de complexión fuerte hayan acorralado a la víctima  en un habitáculo cerrado, recóndito y angosto, con una sola salida, supone un elemento intimidatorio. A mayor abundamiento, la prevalencia, apreciada en la sentencia, de una situación de superioridad física ejercida por cinco jóvenes, que aprovecharon la situación de la denunciante en el cubículo al que la habían conducido, y  la actuación  en grupo con desenfreno sexual,  sobre una víctima con debilidad manifiesta, también supone una evidente intimidación con efecto paralizante, a tenor de  la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La Sala 2º del Tribunal Supremo ha venido sosteniendo con reiteración que toda agresión sexual que se realice por fuerza o intimidación, si estuvo jalonada por un trato degradante, como en este caso,-en el que los procesados dejaron  tirada en el habitáculo a la joven de 18 años en un  estado de “angustia e intenso agobio y desasosiego”, para luego jactarse de las escenas sexuales que grabaron en los 6 videos con el teléfono móvil,-determina vejación, menosprecio y humillación para la víctima; y que la actuación en grupo forma parte del cuadro intimidatorio que debilita e incluso anula la voluntad de la víctima para poder resistir. La jurisprudencia penal ha mantenido con frecuencia que del hecho de que la víctima haya tenido (con los ojos cerrados) una actitud pasiva por temor a ser agredida físicamente si se resiste,- como agreden  los violadores en la mayoría de los casos-,  además de serlo en su libertad sexual,  no se puede inferir que consintió voluntariamente los reiterados  actos sexuales de los agresores, inferencia técnicamente recusable y humanamente aberrante. En mi dilatada experiencia como Juez de Instrucción pude comprobar que la mayoría de las mujeres violadas permanecieron pasivas e inactivas para evitar males mayores.

En conclusión, creo que los agresores sexuales cometieron un delito de violación tipificado en el artículo 179 del C.Penal, castigado con la pena de prisión de 10 a 12 años, con la concurrencia de las agravantes de trato vejatorio y degradante, prevalencia de una relación de superioridad, y la de comisión de los hechos por la actuación conjunta de dos o más personas, tipificadas en el artículo 180 del C. Penal, que elevan la pena de prisión de 12 a 15 años. En mi opinión, los juzgadores no interpretaron los hechos probados y la ley penal en relación con la realidad social  del tiempo en que han de ser aplicadas todas las normas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y  finalidad de aquellas,  por imperativo del artículo 3º.2 del C.Civil. No me cabe duda que el Tribunal Supremo restablecerá, con la jurisprudencia que siente en este caso, la confianza en la Justicia, que no hay que olvidar que dimana del pueblo aunque se administre por Jueces  y Magistrados.

El problema es el concepto de violencia que tienen algunos. Sí en el mismo supuesto la víctima hubiese intentado golpear a los criminales puede que los jueces apreciasen la existencia de violación, sin embargo, en el caso que nos ocupa la víctima ante una situación de terror entra en estado de shock y no es capaz de reaccionar, lo que lleva a dos de los jueces a estimar que ha habido abuso sexual (¿Deberíamos entender que los más débiles no son susceptibles de ser violados, como mucho de sufrir abusos porque se dejan un poquito?). Qué cinco bestias rodeen a una niña, la sometan, la arrastren, la arranquen la ropa, la violen de forma continuada y múltiple y luego la dejen tirada en el suelo en estado de pánico mientras se mofan y la vejan, no sea considerado un acto violento por estos jueces, y que haya gente q lo respalde (y aplauda) es alarmante y preocupante. El resto de la sociedad no debemos aceptar que haya gente así entre nosotros. Lamentable artículo, de principio a fin.

ELIGIO HERNÁNDEZ, Magistrado jubilado, ex Fiscal General del Estado y ex Vocal del Consejo del Poder Judicial, abogado en ejercicio.

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