Africa 3.0

África contra la pena de muerte

El Parlamento de Burkina Faso ha aprobado una reforma del Código Penal que, entre otros cambios, elimina las condenas a la pena de muerte. Hace treinta años que no se venía aplicando – el último ejecutado fue en 1988 – pero formalización de la abolición de esta posibilidad penal refuerza el liderazgo que África está ejerciendo en esta defensa humanitaria de la vida de todos. Hace pocos meses había sido Gambia, uno de los países subsaharianos donde se venía aplicando con mayor crudeza – en 2012 todavía fueron ahorcadas nueve personas –, donde el nuevo presidente, Adama Barrow, la suprimió de un plumazo.

Ahora mismo, con la incorporación de Burkina Faso, ya son veinte los países donde la pena de muerte ha sido suprimida. Antes la fueron aboliendo Benín, Costa de Marfil, República de Guinea, Senegal, Togo, Gabón, República de Congo, Ruanda, Madagascar, etcétera. En otros países se han fijado moratorias abriendo plazos para llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para su abolición. Y en la inmensa mayor parte de los restantes, aunque las condenas siguen estando vigentes, las ejecuciones se van dilatando cada vez más. De hecho, en 2017 Amnistía Internacional sólo recoge en sus informes cuatro ejecuciones en Sudán del Sur, 24 en Somalia y varias, sin datos, en Egipto.

Nunca la crueldad que la aplicación de la pena de muerte implica puede estar aceptada por el grueso de la sensibilidad de otros   seres humano. Por supuesto que en algunos enfrentamientos armados puede resultar más justificable o explicable, aunque nunca ni deseable ni imprescindible. Sudán del Sur, por ejemplo, es un país recién independizado después de una larga guerra con el Norte, que ahora ha empalmado con otra de carácter civil. Un conflicto, que no por más olvidada que Occidente lo tenga deja de ser más dramático. Son muchos millares de muertos los que se está cobrando los enfrentamientos y los odios sin que nadie parezca querer hacer algo para pararlo ni mucho menos para frenar los enriquecimientos que el suministro de armas a ambos contendientes está facilitando.

El caso de Somalia resulta si cabe más alarmante por su enraizamiento. Desde hace varios años el país carece de un Estado que, más allá de su reconocimiento por la Comunidad Internacional, ejerza el poder ni en la propia capital (Mogadiscio) y aún menos en el resto del territorio. Es un país sin Estado, fragmentado en regiones pseudo independientes en manos de mafias y organizaciones terroristas entre las que sobresale el salvajismo que dispone de vidas y haciendas de Al Shabad.  En Somalia la vida vale poco; la autoridad brilla por su ausencia, los tribunales de Justicia no existen y las condenas que preceden a las ejecuciones se determinan sin respeto a ninguna Ley realmente vigente.

En Egipto la situación es distinta. Las condenas que se prodigan, aunque en mucho menor medida que las que se ejecutan, son dictadas por tribunales militares en los que recaen los procesos por terrorismo yihadista y por la actuación pasada y presente de los Hermanos Musulmanes. La represión que mantiene en el poder absoluto al general Abdelatah Al-Sisi, es políticamente de las más duras de Africa. En países como Nigeria, Camerún o Chad son las guerrillas islamistas las que aplican la ley de su fanatismo contra quienes consideran enemigos de su fe, pero desde el poder la pena de muerte, aunque siga estando vigente no se aplica.

Africa está dando ejemplo y sumando nombres a la lista de países abolicionistas que en el mundo ya rebasan la cifra de 140. No ocurre igual con algunos de sus vecinos, y paradójicamente religiosamente afines, donde la pena de muerte sigue estando vigente y siendo aplicada con enorme facilidad. El caso más elocuente es Irán, con más de 500 ejecuciones el año pasado, solamente superado por China que ha alcanzado el millar, y seguidos por Arabia Saudita con 146, Irak con 125, Pakistán con 60 y, en cifras de un solo dígito, los países del Golfo Pérsico o Arábigo, encabezados por Batrein y seguidos por los Emiratos Árabes Unidos.

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