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Victoria campesina contra la usurpación de tierras en Sierra Leona

Una sentencia judicial en Sierra leona ha ordenado a una compañía internacional de aceite de palma devolver una gran cantidad de tierras a los propietarios originales de los que habían sido expropiadas. Esta resolución abre las puertas a que más comunidades puedan recuperar sus tierras y recursos.

En 2011, el Gobierno de Sierra Leona arrendó esas tierras, que se encuentran en el distrito de Port Loko, en el norte del país, a Siva Group, una compañía con sede en Singapur cuya principal actividad es el aceite de palma. Los propietarios de las tierras se vieron obligados a aceptar la imposición del Ejecutivo sin estar de acuerdo con ella. Pero cuando la compañía dejó de pagar las rentas acordadas durante tres años, los campesinos vieron la oportunidad de reclamar lo que era suyo y, al final, lo han obtenido. El juez ha ordenado a la empresa restituir las 41.500 hectáreas a la comunidad y una muta de 250.000 dólares.

Ubicación del distrito Port Loko. Vía: Wikipedia Commons

Se trata de una decisión histórica, la primera vez que en Sierra Leona una comunidad ha podido recuperar tierras arrendadas a una empresa extranjera. Los campesinos han contado con el asesoramiento de algún grupo de derechos humanos y algunas ONG que trabajan en la zona.

La inversión agrícola extranjera en Sierra Leona experimentó un gran auge en las últimas décadas. Más de una quinta parte de las tierras cultivables de este pequeño país de África occidental fueron arrendadas por el Gobierno, muchas veces sin el consentimiento de sus legítimos propietarios, a grandes grupos agroindustriales internacionales entre 2009 y 2013. Estos terrenos han sido destinados, principalmente, al cultivo de palmas de aceite y caña de azúcar.

La comunidad de Port Loko clama que miles de personas se han visto afectadas por las operaciones de Siva desde 2011. Las tierras que cultivaban para su propio sustento fueron destruidas para permitir la plantación de miles de palmeras de aceite.

La compañía había prometido crear más de 8.000 empleos y rehabilitar la infraestructura local. Promesas que nunca fueron cumplidas. Este es un patrón que se ha repetido en diferentes ocasiones tanto en Sierra Leona como en tantos otros países africanos.

Esta sentencia marca un cambio de actitud de la judicatura sierraleonesa concerniente a los temas de usurpación de tierras. Por ejemplo, en febrero de 2016, un juez del Tribunal Supremo sierraleonés condenó a seis activistas acusados de conspiración para cometer un crimen y la destrucción de 40 palmeras de aceite que estaban en un vivero de la empresa agroindustrial belga Socfin. Los activistas, que pertenecen a la Asociación de Propietarios y Usuarios de la Tierra en Malen (Maloa, por sus siglas en inglés) en el distrito de Pujehun, en el sur del país, fueron condenados a cinco meses de prisión y a pagar una multa equivalente a 36.000 dólares. momento.

Fue también en 2011 cuando Socfin Agricultural Company Sierra Leone Ltd (Socfin SL) una filial del grupo francés Bolloré, firmó con el Gobierno sierraleonés un acuerdo por valor de cien millones de dólares a cambio de 6.500 hectáreas de tierra de cultivo, para plantar árboles de caucho y palmeras de aceite. Un año más tarde la compañía adquirió otras 5.000 hectáreas más en la misma zona. Desde un primer momento, la comunidad local se ha opuesto a este contrato opaco, y se organizó para resistir contra él. Con la ayuda de la policía y el ejército, los campesinos fueron expulsados de sus tierras. Desde entonces resisten.

De ahí que esta nueva sentencia traiga esperanzas a todos los campesinos que luchan para recuperar sus tierras en Sierra Leona.

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