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Más allá de los diamantes de sangre, el caso de Zimbabue

Una alianza de organizaciones civiles internacionales afiliadas al Esquema de Certificación del Proceso de Kimberly (KPCS, en inglés) pide a los países miembros de la asociación que consideren los diamantes extraídos en Zimbabue como minerales de conflicto para evitar su venta en el mercado formal. KPCS es un sistema de certificaciones diseñado para evitar que los diamantes procedentes de países en conflicto entren en el mercado.

Esta declaración se produce tras un incidente que tuvo lugar en enero en el que hombres armados redujeron al personal de seguridad de la poderosa compañía zimbauensa Consolidated Diamond Company (ZCDC) en los campos diamantíferos de Chiadzwa en Manicaland y los tomaron como rehenes antes de escapar con un botín de valiosas piedras preciosas. Este hecho tuvo lugar en el momento más crítico de la violenta represión que las fuerzas de seguridad del estado habían lanzado contra las manifestaciones que protestaban por las duras condiciones de vida que afrontan los ciudadanos del país y que dejaron, al menos, 17 muertos.

La industria diamantífera es clave para este país, pero la corrupción, las debilidades estructurales del sector y la despiadada apropiación indebida de la riqueza que se produjo bajo el régimen del expresidente Robert Mugabe no solo privaron al pueblo de una valiosa fuente de fondos para el desarrollo, sino que pueden haber alimentado los abusos contra los derechos humanos, piensa Amnistía Internacional.

El descubrimiento de enormes yacimientos de diamantes en Marange, al este de Zimbabue, a mediados de la década de 2000 se produjo en un momento en que el país enfrentaba una crisis en múltiples frentes. Sin embargo, en lugar de ser utilizados para mejorar la economía zimbabuensa, que se encontraba en grave declive, los diamantes fueron despiadadamente explotados por la élite del país bajo el Gobierno de Mugabe y están ligados con los abusos de los derechos humanos, la corrupción y el saqueo. El pueblo no ha conocido el beneficio de tanta riqueza. Todavía hay miles de millones de piedras preciosas que no han sido contabilizadas. Aunque en este caso no exista un conflicto violento abierto, el esquema de saqueo y financiación de un grupo determinado que se mantienen en el poder a costa de oprimir a la mayoría de la población, asemeja estos diamantes a los de sangre o conflicto.

Tras su llegada al poder, el presidente Emmerson Mnagagwa se comprometió a eliminar la corrupción, priorizar la recuperación económica y atraer inversiones extranjeras. El sector de los diamantes es clave para verificar la verdad y seriedad de estas medidas, pero hasta el momento no se han tomado medidas efectivas que cambien el curso de los acontecimientos.

En los últimos años, KPCS se plantea ampliar los supuestos contemplados bajo la definición de diamantes de conflicto para cubrir también los minerales que se extraen en Zimbabue, que según todos los indicios son utilizados para financiar la represión de cualquier disidencia incluso por parte del presidente Mangagwa. Hasta ahora, el término diamantes de conflicto o sangre se refiere solamente a aquellos que se intercambian ilegalmente para financiar conflictos en áreas devastadas por la guerra.

Las pruebas aportadas por los de grupos de la sociedad civil que operan bajo el paraguas del KPCS destacan la participación del ejército en la extracción de diamantes en Zimbabue. Casos similares se dan en Angola, República Democrática del Congo o República Centroafricana, de ahí que pidan la extensión del concepto.

Los grupos de la sociedad civil también se quejan de la falta de implicación de Naciones Unidas en todo este asunto. La escasez de medios y de voluntad política de muchos países que son parte de la organización impide que realmente se apliquen medidas efectivas o el seguimiento e investigación de muchos de los diamantes que llegan al mercado. De ahí que exista poca esperanza de que las cosas cambien en este campo en un futuro próximo.

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