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El TSJC obliga a devolver 3,2 millones al Cabildo de Tenerife

El Cabildo Insular de Tenerife no gana para sustos a modo de problemas económico-financieros del hoy, del pasado reciente y también de algunos que parten de hace años, de 2008, pero que se rematan de manera definitiva en el año en curso. Ha sido en 2014 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha sentenciado, a través de un fallo tras demanda presentada por la Corporación insular, que la razón no la tiene la institución pública que hoy lidera Carlos Alonso.

Esta vez no es así, tal y como dicta el citado tribunal, que deja claro, meridianamente claro, que el Cabildo Insular de Tenerife debe devolver al menos 3,2 millones de euros de una subvención que le concedió el departamento autonómico de Medio Ambiente con aportación mayoritaria del tesoro de la Unión Europea, en este caso de Fondos de Cohesión.

La subvención se concedió al Complejo Ambiental de Arico para la segunda celda de vertido, pero no se cumplieron los requisitos legales y ahora se debe reintegrar el principal (2,6 millones) más intereses de demora (0,6)

 

Un operario, en la planta todo a uno de Arico, de la Corporación insular.

Un operario, en la planta todo a uno de Arico, de la Corporación insular.

El Cabildo Insular de Tenerife no gana para sustos a modo de problemas económico-financieros del hoy, del pasado reciente y también de algunos que parten de hace años, de 2008, pero que se rematan de manera definitiva en el año en curso. Ha sido en 2014 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha sentenciado, a través de un fallo tras demanda presentada por la Corporación insular, que la razón no la tiene la institución pública que hoy lidera Carlos Alonso.

Esta vez no es así, tal y como dicta el citado tribunal, que deja claro, meridianamente claro, que el Cabildo Insular de Tenerife debe devolver al menos 3,2 millones de euros de una subvención que le concedió el departamento autonómico de Medio Ambiente con aportación mayoritaria del tesoro de la Unión Europea, en este caso de Fondos de Cohesión.

De los 3,2 millones que debe reintegrar en las arcas de la Comunidad Autónoma el Cabildo de Tenerife, 2,6 corresponden al principal del apoyo público, mientras que el resto, hasta completar los 3,2 millones (la cuantía exacta del reintegro es 3.258.112 euros), se debe abonar en concepto de intereses de demora.

La sentencia del TSJC, la número 3/2014, conecta con el procedimiento ordinario 81/2011, y se produce tras demanda del Cabildo de Tenerife, que perdió el pleito en instancias inferiores, contra la entonces Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, con Domingo Berriel en el puesto de consejero. Este departamento del Ejecutivo autonómico activó el expediente de reintegro por vía administrativa el 7 de noviembre de 2008, y lo concluyó con resolución en contra de las tesis del Cabildo de Tenerife a través de una orden de noviembre de 2010. Esta decisión legal, no compartida por el Cabildo, llevó las discrepancias entre las dos instituciones públicas a la vía judicial.

El proyecto que se subvencionó y que no cumplió con las condiciones establecidas para acceder de forma justificada a la subvención comunitaria fue el de Valoración de residuos de Tenerife. Segunda celda de residuos sólidos urbanos del Complejo Ambiental de Arico.

Por este plan de inversión insular, el Cabildo recibió un apoyo público de 2,6 millones de euros abonados por el Gobierno de Canarias, cantidad que ahora tiene que devolver, junto a los intereses de demora (es la suma de los 3,2 millones), porque está acreditado que la segunda celda se utilizó para el vertido de basura en masa; es decir, de residuos que antes no pasaron por la planta todo a uno.

Anomalía acreditada

Esa anomalía, que el TSJC reafirma que está acreditada, significa que el Cabildo incumplió la obligatoriedad de sólo verter en la citada celda de acumulación de residuos rechazos de la citada plancha todo a uno, algo que, tras una inspección administrativa del Gobierno de Canarias, se acreditó que fue así, lo que supuso el incumplimiento de la normativa comunitaria a ese respecto y además de las bases de la convocatoria y de la resolución de la concesión del apoyo público.

“Los vertidos que se ‘vierten’ [en la celda dos] proceden en el 25% de otra planta de clasificación ‘todo a uno’ [rechazos] dentro del Complejo de Arico, y el 75% restante son residuos que no han sido tratados antes de su depósito en la citada celda [basura en masa, en vez de rechazos]”, justo lo que motiva el incumplimiento grave

Tal y como recoge la mencionada sentencia del TSJC, “el reparo viene motivado porque, según la inspección realizada [se entiende que in situ] por la Intervención General, se ha constatado que la planta de clasificación todo a uno, ‘si bien está ejecutada, no se halla en funcionamiento, y la celda número dos no está asociada a dicha instalación. Los vertidos que se vierten proceden en el 25% de otra planta de clasificación todo a uno [rechazos] dentro del Complejo de Arico, y el 75% restante son residuos que no han sido tratados antes de su depósito en la citada celda [basura en masa, en vez de rechazos]”.

Este grave incumplimiento, tras un largo proceso de reintegro que se inicia en 2008 y que termina en la Justicia, ahora motiva que el Cabildo de Tenerife tenga que rascarse, una vez más, el bolsillo, y además debe hacerlo en una coyuntura en que las cuentas de la institución reina en la Isla no están como para tirar voladores, principalmente por la elevada deuda pública que soporta el Cabildo y por las dificultades que suma para alcanzar el gran reto de cumplir con la nueva normativa estatal sobre la tan manida estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas locales, entre ellas los cabildos.

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