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Zerolo y Núñez, de CC, condenados por prevaricación

Miguel Zerolo y Guillermo Núñez, condenados por prevaricación.

El Tribunal Supremo ha condenado al senador de Coalición Canaria (CC) y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo a una pena de ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido al contratar unas obras municipales de forma “arbitraria” y “claramente” ilegal, con coste que llegó a los siete millones de euros de dinero público, lo que afectó a “los derechos de los administrados y de la colectividad en general”.

La condena del Supremo inhabilita por ocho años a los excargos del Ayuntamiento de Santa Cruz y CC dice que analizará si cambia al senador elegido por el Parlamento canario

Miguel Zerolo y Guillermo Núñez, condenados por prevaricación.

Miguel Zerolo y Guillermo Núñez, condenados por prevaricación.

El Tribunal Supremo ha condenado al senador de Coalición Canaria (CC) y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo a una pena de ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido al contratar unas obras municipales de forma “arbitraria” y “claramente” ilegal, con coste que llegó a los siete millones de euros de dinero público, lo que afectó a “los derechos de los administrados y de la colectividad en general”.

La Sala de lo Penal falló contra Miguel Zerolo (y también contra el exteniente de alcalde Guillermo Núñez) por el llamado caso García Cabrera, por lo que le ha prohibido desempeñar los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro electo que implique la participación en un gobierno municipal. Además, lo incapacita para obtener otros análogos en la Administración a escalas insular, autonómica y estatal, pero no en otras funciones como la legislativa, ya que no sería similar a las de gobierno.

El fallo impone también una pena de ocho años de inhabilitación especial al exteniente de alcalde Guillermo Núñez, mientras que absuelve al trabajador municipal Joaquín Castro Brunetto al no quedar acreditado que actuara con sus gestiones administrativas en el “marco delictivo” trazado por el resto de acusados.

Los magistrados consideran probado que Zerolo, regidor de Santa Cruz de Tenerife desde 1995 hasta 2011, firmó múltiples resoluciones “arbitrarias” con el objetivo de levantar los reparos de la Intervención de Fondos y adjudicar las obras del Instituto Hermanos García Cabrera a una empresa “determinada” bajo la “aparente cobertura de un contrato de mantenimiento y conservación, prescindiendo del procedimiento establecido por la legislación de contratos del sector público”.

Las obras municipales se adjudicaron en 2005, sin tramitar ningún expediente de contratación y sin publicidad, a la empresa IMES, con la que el ayuntamiento tenía firmado otro contrato que no amparaba la ejecución de obras de tal envergadura.

“Esta actuación solo se explica -recoge la sentencia- si lo que se pretendía era precisamente ocultar la irregularidad producida, que, en consecuencia, se conocía, proporcionando una cobertura formal a una situación en la que se habían encargado unas obras acudiendo sin más a la vía de hecho y prescindiendo de todo procedimiento”. En el proceso actuó como ponente el magistrado Juan Saavedra.

En el año 2003

Los hechos se remontan al año 2003, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz decidió acometer obras de acondicionamiento en el edificio de oficinas municipales de la calle General Antequera y habilitó como sede provisional el antiguo Instituto Hermanos García Cabrera, en el barrio de Ofra.

La sentencia declara probado que los condenados adjudicaron las obras de remodelación del centro educativo a la empresa Instalaciones, Montajes Eléctricos y Saneamiento, SA (IMES), con un encargo “directo” y sin tramitar expediente de contratación. Dicha empresa se encargaba del mantenimiento de los colegios y edificios municipales y por su objeto no podía amparar las obras a realizar en ese inmueble.

Los magistrados dicen que el alcalde conocía que las obras no estaban comprendidas en el objeto de ese contrato y que debía haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación, como expuso reiteradamente la Intervención de Fondos. Sin embargo, adoptó una resolución administrativa “arbitraria” para levantar sus reparos y permitir el pago al que la Intervención se oponía con razón.

En el caso de Guillermo Núñez Pérez, la Sala entiende que fue un cooperador necesario para la comisión del delito de prevaricación. Como teniente de alcalde y concejal de Santa Cruz, Núñez fue el que encargó directamente a la empresa IMES, SA, la realización de las controvertidas obras, “conociendo que dicho encargo no estaba amparado por el contrato que unía a esta entidad con el Ayuntamiento” de la capital tinerfeña.

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