La Consejería de Juan Ramón Hernández ya tarda cuatro años y medio en abonar las ayudas “urgentes” previstas para paliar los efectos del mal tiempo en los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero de ese año, el primer evento, más el del 15 y 16 de este último mes
Foto con impacto ocasionado por las fuertes precipitaciones de enero-febrero de 2010 en finca agrícola de Tenerife. / CANARIAS3PUNTOCERO
Cuatro años y medio, nada más y nada menos… En cuatro años y medio, el tiempo que ha transcurrido desde la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de los decretos 12/2010 y 21/2010 (ambos de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por los temporales en el Archipiélago durante los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de ese año, el primero, y el 15 y 16 de este mismo último mes y ejercicio, el segundo), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, que hoy gobierna Juan Ramón Hernández, de CC, no ha tenido tiempo ni recursos económicos para resolver las peticiones de agricultores y ganaderos de Canarias que se vieron afectados por esos días de fuertes precipitaciones y viento y que además, acogiéndose a lo establecido por los mencionados decretos, solicitaron apoyo público a la Comunidad Autónoma con el objeto de reparar los daños que entonces se ocasionaron en sus producciones e infraestructuras agrarias.
Cuatro años y medio ya han pasado desde que se presentaron las solicitudes correspondientes de petición de apoyo público y aquí, por ahora, cuatro años y medio después, nadie dice nada y el apoyo comprometido no aparece por ningún lago, que es lo peor.
El departamento autonómico hizo un intento de pago a finales del año pasado, que no llegó a consolidarse otra vez con el argumento de falta de recursos económicos
Los temporales de lluvia y viento de los días 31 de enero de 2010 y 1 y 2 de febrero del mismo año, más el seguido del 15 y 16 de ese mismo mes, ocasionaron cuantiosos destrozos en el campo de las Islas, en especial en los territorios más occidentales.
El impacto negativo de las intensas y continuas precipitaciones, más el viento, en explotaciones agrícolas y pecuarias de Canarias, en especial en Tenerife y La Palma, propició que el Consejo de Gobierno dictara los decretos 12/2010 y 21/2010, que, por lo que se ve, cuatro años y medio después y pese a sus rasgos de “urgentes” elementos reparadores, no han servido para aliviar el impacto económico sufrido por los profesionales del sector agropecuario en las Islas.
Como parece que ya es norma habitual, la razón de que aún no se haya pagado con cargo a esas convocatorias de apoyo público (al menos para lo que los decretos recogían dentro del epígrafe Producciones e infraestructuras en el sector agrario), guarda relación, como era de esperar, con la escasez de recursos económicos que afecta a la Consejería de Agricultura (y a todo el Gobierno autonómico), que, de seguir con el actual olvido, seguro que batirá un récord Guinness a la mala gestión pública.
En todo el tiempo transcurrido, lo único positivo que se ha apreciado en la Consejería de Juan Ramón Hernández respecto a este problema, ha sido la puesta en orden de todos los expedientes a finales del año pasado, en lo que entonces se consideró un intento de pagar las ayudas pendientes y tan esperadas por los beneficiarios, que están que trinan, cansados y hartos de tanto infortunio y nula eficacia administrativa.
En la actualidad, los expedientes de ayudas vinculados a los destrozos de las fuertes lluvias y el viento de enero y febrero de 2010 siguen vivos y todo apunta, que es al menos lo que se ha dicho hasta ahora, que los pagos se van a producir, aunque con certeza no se sabe cuándo ello se hará.
Otra opción que tiene la Administración autonómica, algo que por ahora no ha hecho, pues ello no ha sido visible en el BOC, es cancelar tal convocatoria de apoyo público con la coletilla de “no hay disponibilidad de fondos”.
Mientras en la Consejería de Agricultura sus gestores ven qué hacen con esta papa caliente, de las que ya queman mucho, hay agricultores y ganaderos locales que siguen de cruzados de brazos a la espera de noticias, sobre todo por si alguien es capaz de decir qué, cómo y en qué cantidades se pretende reparar los daños ocasionados en producciones y estructuras agrarias isleñas por la intensa lluvia y viento de principios de 2010. Es lo que dicen los reseñados decretos, aunque tenga que ser más de cuatro años y medio después…
