La empresa Bodegas Insulares, con la Corporación insular de principal accionista y el consejero Bethencourt como presidente, importa vino de Península para mezclar con producción propia y luego supuestamente vender embotellado bajo la marca Viña Donia
José Joaquín Bethencourt (centro) y José Luis Savoie (derecha), en un acto promocional. / COMERENCANARIAS.ES
Es el mundo al revés. La empresa que más produce vino de calidad en la isla de Tenerife, la sociedad anónima mixta (público-privada) Bodegas Insulares de Tenerife (con el Cabildo como principal accionista, con el 32,28%, y con marcas avaladas por contraetiquetas de las denominaciones de origen Ycoden-Daute-Isora y Tacoronte-Acentejo), se ha metido en un buen charco, en el peor charco, y con ella la propia Corporación insular, la misma que tiene a su consejero de Agricultura como presidente de esa entidad y la que ha colocado a José Luis Savoie, jefe de servicio en idéntica área de tal institución, como consejero delegado.
Pese a ellos estar al mando de la sociedad anónima citada, a través de los citados puestos, Bodegas Insulares esta vez ha saltado a la fama por importar vino barato (hasta a 0,6 euros el litro) de Península en una cifra global conocida de al menos 100.000 litros. Lo que ahora leen o ya han leído (que la información fue servida ayer por el diario tinerfeño El Día), o lo que ya han escuchado, al menos desde la noche del lunes pasado gracias a Mírame TV, ha generado un descomunal escándalo entre los operadores vinculados al vino de calidad en la isla de Tenerife, una actividad sumida en una grave crisis.
El responsable insular de Agricultura reconoce que se han adquirido unos 100.000 litros de vino peninsular, servidos a Bodegas Insulares en cinco entregas y por distintos proveedores
Según la información obtenida ayer por este medio de comunicación, las compras realizadas por Bodegas Insulares, el supuesto paradigma del vino de calidad en la Isla, llegaron al menos a cinco, las documentadas, con el mismo número de facturas emitidas y no siempre por el mismo proveedor. El vino blanco comprado para mezclar con producción propia y supuestamente no destinado al embotellado con contraetiqueta (lo que aún investiga el ICCA) luego se comercializaba bajo la marca Viña Donia, registro heredado de la bodega comarcal de Icod de los Vinos (con producción ya asumida por Bodegas Insulares) y una referencia de calidad que fue en Ycoden-Daute-Isora, pues se llegó a comercializar con contraetiqueta.
El vino importado de Península por el buque insignia de los caldos de calidad en Tenerife llegó a la Isla en contenedores cuba y a través de cinco envíos (véase la factura de compra que aquí se reproduce) desde la Península. La introducción de ese caldo barato y su destino final en las instalaciones de Bodegas Insulares están siendo investigados por el Gobierno de Canarias a través de su órgano competente en estos casos: el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), integrado en la Consejería de Agricultura. Funcionarios de este ente ya han visitado los centros de producción de la mencionada sociedad anónima y han centrado sus actuaciones en comprobar, a través del análisis de la trazabilidad, que con el vino importado no se ha cometido fraude alguno. Si lo hubiera y la anomalía se considerara muy grave, la sanción podría alcanzar el máximo de 300.000 euros, tal y como recoge la Ley del Vino estatal. Ésta sería impuesta por el ICCA. En relación con este caso, el director del ICCA, Alfonso López, aseguró ayer en El Día que “no estamos para hacer valoraciones políticas de esto, sino para aclarar si ha ocurrido algo, qué ha ocurrido y cuáles deben ser las consecuencias”, en el caso de que se haya cometido alguna ilegalidad.
La importación de vino es legal en Canarias, salvo que se cometa algún fraude en el etiquetado, haya riesgos para la salud o se comercialice de manera engañosa, entre otras consideraciones objeto de sanción.
Una de las facturas de compra de vino peninsular por la sociedad en la que está el Cabildo. / CANARIAS3PUNTOCERO
Sin argumentos
Tras conocerse en el plano público las operaciones de Bodegas Insulares, una información que se sospecha que ha sido filtrada a los medios por bodegueros locales muy hartos de la “competencia desleal” de la empresa “del Cabildo”, el presidente de la firma mixta afectada, el consejero insular José Joaquín Bethencourt, ha negado que estuviera al tanto de tales acciones y ha informado de la celebración urgente de una cita del consejo de administración para aclarar lo ocurrido, que será mañana, jueves.
Pese a la gravedad de lo desvelado anteayer y ayer, hasta el cierre de la edición de este medio, no se habían producido dimisiones. Hay que recordar que tanto los puestos de presidente como de consejero delegado de Bodegas Insulares han sido propuestos por el Cabildo de Tenerife y hoy están ocupados por el consejero insular de Agricultura y por un funcionario que es jefe de servicio en esa misma área, José Luis Savoie, lo que sin duda convierte en más grave lo ocurrido.
Suma y sigue de descalabros
En la tarde de ayer, agentes del subsector vitivinícola de calidad en Tenerife no salían de su asombro y calificaban lo ocurrido de “chapuza poco ética y además antiestética, como mínimo”. Muchos de ellos además pidieron que se depuren responsabilidades en forma de destituciones o dimisiones, sobre todo porque los responsables de la empresa semipública que importó el vino barato de Península han sido hasta hoy los principales defensores de que eso mismo, en ningún caso, se debía producir, y mucho menos desde la empresa que cuenta con el control del Cabildo de Tenerife. Las mismas fuentes tacharon de “gravísimo” lo ocurrido.
Bodegueros y productores locales asociados al vino de calidad, con denominación de origen, tachan las compras en el exterior de “chapuza poco ética y muy antiestética” y piden que se depuren responsabilidades en forma de destituciones o dimisiones
El estallido de esta crisis en el subsector vitivinícola de Tenerife, bombazo que en la mañana de ayer forzó una reunión urgente en el ICCA para evaluar el impacto de lo ocurrido tras su reventón en los mass media, se suma a una muy mala racha en esas actividades productivas agrícolas en la Isla, con una guerra sin cuartel entre bodegueros locales por el uso de diferentes distintivos de calidad y con la pérdida de la certificación de calidad en la Ruta del Vino de Tenerife, lo que ha propiciado su salida de la plataforma Rutas del Vino de España, la iniciativa más relevante en el ámbito del enoturismo que existe en el país.
Práctica alejada del objeto social
La empresa mixta Bodegas Insulares de Tenerife, SA, tiene su sede social en el municipio de Tacoronte, el lugar del norte de la Isla donde germinó la primera denominación de origen vitivinícola de Canarias (hoy con diez referencias), allá por el año 1992. El objeto social de esta entidad mercantil, tal y como consta en la web corporativa del Cabildo de Tenerife, es “la elaboración de caldos blancos, rosados, claretes y tintos a partir de la uva procedente de los viñedos amparados en la denominación de origen Tacoronte-Acentejo, o la que legalmente la sustituya, su embotellado y su venta”. El capital social de esta firma se reparte como sigue: Cabildo Insular de Tenerife, 32,28%; ayuntamientos de la Isla, 6,58%; entidades asociativas, 8,16%, y viticultores, 52,97%. El presidente de la sociedad anónima citada es José Joaquín Bethencourt, consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, y su consejero delegado, José Luis Savoie, en la actualidad jefe del Servicio Técnico de Agroindustrias en idéntica área de la Corporación insular.
