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El plátano atenta contra la naturaleza en La Palma

Empaquetados adscritos a algunas organizaciones de productores engordan vertederos incontrolados, por lo tanto ilegales, en el monte y barrancos de la Isla Bonita, para eludir el coste de gestionar correctamente esos residuos agrícolas

Empaquetados adscritos a algunas organizaciones de productores engordan vertederos incontrolados, por lo tanto ilegales, en el monte y barrancos de la Isla Bonita, para eludir el coste de gestionar correctamente esos residuos agrícolas


Increíble, muy muy increíble, pero cierto, real, visible y, lo peor, sin solución, por ahora, y sin sanciones que a día de hoy se conozcan. Tal estampa, esa escena tan dramática y horripilante, se encuentra en La Palma, en la Isla Bonita y verde. Y es el Cabildo insular, que lo sabe y podría denunciarlo ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias (el organismo que sanciona estas cosas, y a veces hasta con dureza), el primero que se ha puesto una venda en los ojos, tanto el actual Ejecutivo insular del PSOE expulsado y el PP como el anterior, de CC y PSOE, entonces con los mismos pero aún sin expulsar. El asunto se las trae, pero no pasa nada. Es lo de siempre, y pocos son capaces de mover ficha. ¿Por qué? Suena a que mandan mucho determinados poderes fácticos, los ajenos a las urnas.

Pese a esa influencia ilegítima, se debe saber que la agricultura más rica que hay en Canarias, la más mimada, la que tiene 141 millones de euros en ayudas directas por año que provienen de la Unión Europea (UE), no termina de hacer las cosas con todas las de la ley, y además, sólo en algunos casos, hasta se alegran y cachondean del que está y se gastó su dinero justo para lo contrario: para tratar bien los residuos agrícolas, entre ellos los del plátano, que, como se sabe, es a lo que obliga la legislación de la UE (justo de donde llegan los 141 millones) en el tratamiento de los residuos no peligrosos del plátano.

Esos despojos, por mucho más barato que resulte actuar al margen de la norma, no deben colocarse en vertederos incontrolados ubicados en laderas y fondos de barrancos ni tampoco en el mismo monte, en el seno de la naturaleza, debajo de pinos y otros árboles o casi enterrados entre los arbustos (en este punto se debe visitar el álbum de fotos sobre el particular que se adjunta en la información).

Tal barbaridad, apreciable en la Isla Bonita de La Palma, ocurre, en parte, porque el Cabildo insular hace la vista gorda, aunque, claro está, los supuestos delincuentes ambientales tienen nombres y apellidos y están vinculados, como todo el mundo sabe en esa isla, a determinadas organizaciones de productores de plátanos (OPP) que operan en La Palma, lo que se halla acreditado, aunque ello sirva de poco, por ahora.

Pero ¿por qué un residuo agrícola no peligroso (como es el caso de los restos de plátanos y de piñas que se apartan en los empaquetados), que debe ser tratado por un gestor autorizado o se tiene que llevar al complejo ambiental insular, termina en el monte o en el fondo de un barranco? Fácil de explicar, que no de entender: porque es más barato hacerlo así y porque, pese a ser ilegal el vertido incontrolado, parece que en este caso no se castiga. Y lo peor de todo esto es que ello le pase al plátano, con todos sus 141 millones bajo el brazo, seguro que sin el apoyo en esta actitud reprochable de la mayoría de los agricultores de esta fruta en La Palma y claro que debido a decisiones injustificadas, por ilegales, de gestores de algunas entidades que agrupan el plátano de demasiados productores.

En La Palma, hacer las cosas bien en el tratamiento de los residuos que provienen del plátano tiene al menos dos costes bien definidos: el de la tasa de entrada y recogida de esos despojos en el complejo ambiental de la isla, con un valor por tonelada (1.000 kilos) en torno a los 47 euros, o lo que cobra un gestor privado autorizado para la gestión de estos mismos residuos, por ejemplo, el agricultor y ganadero residente en Barlovento Jorge Hernández, que resuelve el problema de mejor forma, porque esos residuos los convierte en compost (en un subproducto que retorna a la tierra aportando nutrientes como el potasio), y además ingresa menos, unos 25 euros por cada 1.000 kilos pesados y metidos en su planta de transformación.

Como se observa, en La Palma se ofrecen al menos dos caminos para no encontrarse con problemas. Pero, si es así, si todo es nítido y transparente, por qué tanto problema. Pues también muy claro: por maldad, por economizar a través de la ilegalidad y por, de camino, fastidiar al que se queja con razón y en este caso es el único: el empresario Jorge Hernández. Desde el Cabildo de La Palma, la institución que controla el complejo ambiental, nadie dice nada de nada, que para eso son políticos, e incluso algunos del plátano, por lo que se ve, mandan demasiado.

 La OPP nacida en San Andrés y Sauces, Cupalma, deja tirado al que era su gestor autorizado y, gracias a la venda en los ojos que se ha puesto el Cabildo, entre otras instituciones, ha amontonado restos de plátanos donde no puede hacerlo

El gestor autorizado para el tratamiento de residuos agrícolas no peligrosos ya mencionado hasta hace poco tiempo atendía despojos de plátanos de la OPP Cupalma, pero esa relación económica, pese a ser más útil para esta OPP que la entrega en el complejo ambiental, se ha frenado de repente, y con ello se ha dejado a dos velas al empresario local que realizó su inversión industrial con las expectativas de prestar un servicio de gestión de residuos que era necesario y obligatorio, lo que debía hacer, y lo consiguió (lo dicen los precios en un caso y en otro), en términos competitivos para que así los productores de plátanos pensaran en él antes que en el complejo ambiental, pues él recoge de forma legal esos mismos restos y además con el pago de menor precio por parte del proveedor.

Pero entonces qué ha pasado. Pues que los que antes lo hacían bien, o al menos mejor que ahora, han pensado que por qué pagar equis si es posible pagar cero. Pese a contribuir a dañar el medio ambiente natural a través de vertidos descontrolados, en La Palma manda el silencio y no hay sanciones que lleguen por correo certificado.

El panorama que se ha dibujado en La Palma, sobre todo por la inoperatividad de las instituciones públicas (creadas para cumplir y hacer cumplir las leyes), se resume en que el que hace las cosas bien está cruzado de brazos y al borde de la quiebra mientras que el que comete supuestas ilegalidades, con la vista gorda de gestores públicos en el Cabildo, se parte de la risa y elude la actuación del organismo público sancionador. Sin duda, es el mundo al revés, un circo que se ha montado y se exhibe casi a cualquier hora en la Isla Bonita de La Palma, donde determinadas autoridades siguen con la venda negra taponando la visión de los ojos.

Contradicción indigerible

En el día de ayer, y esto se menciona para subrayar lo que es una gran contradicción, la entidad que en Canarias agrupa a todos los plataneros, la conocida Asprocan, presidida por el palmero-tinerfeño Santiago Rodríguez, vendía acciones educativas con los niños para así contribuir a un consumo responsable de los alimentos, entre ellos el plátano. A poca o quizá mucha distancia de esa sala de estudio dominada por la corrección, alguien del colectivo platanero isleño lo hacía mal, muy mal… Y parece que así seguirá ocurriendo. Y eso que la ley está para cumplirla, mucho más por los que sí pueden hacerlo; esto es, por los que están más protegidos y subsidiados, en los que siempre debe cundir el ejemplo.

En La Palma, el plátano (al menos con esto de los residuos y su vertido incontrolado, y sólo para los que son sus precursores, supuestos delincuentes ambientales) da muy mal ejemplo, pues hay medios y recursos para activar la gestión correcta, públicos y privados, y no se hacen las cosas bien porque allí parece que nunca pasa nada. Quizá un día ocurra todo lo contrario. Entonces, los que hoy están en el error teman por sus cuentas y balances, y seguro que en ese momento, buenos y malos, no tengan otro remedio que aceptar la injusticia de pagar lo mismo.

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