El gestor de residuos agrícolas radicado en Barlovento denuncia ante el Cabildo palmero la existencia en plena naturaleza de montañas de esos restos procedentes de empaquetados cercanos, sobre todo del norte-nordeste de la isla
Plátanos descartados se amontonan sin control y de forma ilegal en La Palma. / CANARIAS3PUNTOCERO
Ya hay denuncias formales, las que se cursan, por ejemplo, ante la Administración pública, y también a día de hoy se han producido alertas a través de los medios de comunicación. Pese a todo ello, sigue sin pasar nada, al menos por ahora, pues, con fecha de 31 de octubre de 2014, Jorge E. Hernández Rodríguez, el gestor de residuos no peligrosos instalado en Barlovento y uno de los afectados por las ilegalidades cometidas por pocas entidades plataneras en la isla de La Palma, ha presentado escrito denuncia dirigido al presidente del Cabildo insular, Anselmo Pestana, en el que se da nítida cuenta de lo que está ocurriendo con los descartes de las piñas de plátanos en esa isla.
Además, ha aportado imágenes de montañas de restos de plátanos y de manillas de esa fruta, las que no reúnen calidades para su comercialización, localizadas en espacios rurales y en plena naturaleza de la isla que es Reserva de la Biosfera en toda su extensión. El aniversario de tal distinción mundial se celebró estos días.
Esos restos de plátanos, que sólo proceden de algunos empaquetados y casi siempre de una única organización de productores, dan lugar a vertederos ilegales y descontrolados y, por lo tanto, se trata de una actividad que es perseguible y punible, aunque en La Palma parezca que eso no es así, principalmente porque allí da la sensación de que impera aquello de que manda más el lobby platanero que las autoridades o las instituciones públicos, y da igual quién esté en el poder: el partido y los gestores, las personas. Esto es sin duda lo que se desprende de lo ocurrido hasta ahora, sobre todo porque los vertidos prosiguen y están a la vista de quienes quieren verlos. Y claro que no pasa nada, o al menos si se han abierto expedientes sancionadores éstos aún no se han consumado.
El 24 de octubre pasado se pudieron hacer nuevas fotos de residuos agrícolas procedentes de empaquetados de plátanos que, en vez de ser llevados al complejo ambiental o de ser entregados a un gestor de residuos autorizado (que los hay en la isla), fueron amontados debajo de pinos, junto a arbustos o en praderas, laderas o lechos de barranco. Así sale más barato, y es cierto, pero es que no se puede hacer, y mucho menos por la actividad agrícola más mimada con las ayudas públicas; y mucho menos en una isla que destaca por ser, entre otros calificativos, Reserva de la Biosfera.
Tal y como están las cosas a día de hoy, caben las siguientes preguntas: ¿dónde está el Seprona?, ¿dónde la Apmun?, ¿dónde la Consejería de Medio Ambiente?, ¿qué dice Asprocan y qué el consejero canario Juan Ramón Hernández? Todos callados y muchos de ellos bien enterados de lo que pasa, más ahora, tras la denuncia que duerme en bandejas del Cabildo de La Palma desde el día 31 de octubre pasado. Ahora, ¿qué dice Anselmo Pestana?
Lo ruinoso es hacerlo mal
Pero la pregunta es: ¿por qué un residuo agrícola no peligroso (como es el caso de los restos de plátanos y de piñas que se apartan en los empaquetados), que debe ser tratado por un gestor autorizado o, si no, se tiene que llevar al complejo ambiental insular, termina en el monte o en el fondo de un barranco? Fácil de explicar, que no de entender: porque es más barato hacerlo así y porque, pese a ser ilegal el vertido incontrolado, parece que en este caso no se castiga. Y lo peor de todo esto es que ello le pase al plátano, con todos sus 141 millones bajo el brazo y seguro que sin el apoyo en esta actitud reprochable de la mayoría de los agricultores de esa fruta en La Palma. En esta isla, como en otras, hacer las cosas bien en el tratamiento de los residuos que provienen del plátano tiene al menos dos costes bien definidos: el de la tasa de entrada y recogida de esos restos en el complejo ambiental insular, con un valor por tonelada (1.000 kilos) en torno a los 47 euros, o lo que cobra un gestor privado autorizado para la gestión de esos mismos residuos, por ejemplo, el agricultor y ganadero residente en Barlovento Jorge Hernández, que resuelve el problema de mejor forma, porque esos residuos los convierte en compost (en un subproducto que retorna a la tierra aportando nutrientes como el potasio), y además cobra menos, unos 25 euros por cada 1.000 kilos pesados y metidos en su planta de transformación.
Copia del escrito denuncia ya dirigido por registro al presidente insular Anselmo Pestana. / CANARIAS3PUNTOCERO
