En estos momentos me pillan en la imprenta del barrio sacando unos 100 boletos para vender a 10 euros y así recaudar 1.000 euros con los que entre todos podamos comprarle un escáner al consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias y líder socialista Francisco Hernández Spínola. Por el momento, yo ya le he ofrecido para ir tirando una multifunción HP que tengo en casa y que llevaba tiempo sin usar. Por favor, si alguien tiene un aparato igual, hágaselo llegar. Es un caso de vida o muerte, me temo. De vida o muerte de la democracia, tal cual la conocemos ahora.

No es broma. Si creemos a pies juntillas en lo que nos cuenta el juez instructor del caso Clavijo, César Romero Pamparacuatro, la cosa está muy mal, peor de lo que podríamos imaginar. Y muy podrida.

Francisco Hernández Spínola es un veterano político, de carácter sosegado, frío, analista, calculador, incluso, a veces, hasta sonríe. Trabajó codo con codo con Juan Fernando López Aguilar y ahora se ha alineado claramente al equipo de Patricia Hernández, que finalmente resultó elegida por militantes y simpatizantes como la candidata del PSC a las autonómicas. López Aguilar está en ese equipo. Su gente ha entrado a formar parte del núcleo de la candidata. Todos ellos conocen perfectamente la Administración de Justicia, la comunitaria, la estatal y la canaria. Saben de lo que hablan.

Si lo que el juez escribe en su auto de este 11 de noviembre sobre el Gobierno de Canarias es cierto, muy mal. Y si no lo es, peor. Porque no entiendo qué hace el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, el consejero Spínola, el viceconsejero de Justicia (y, ojo, juez) y todo el listado de autoridades y altos cargos competentes en materia de Justicia en Canarias que se mantienen calladitos dejándonos creer que, efectivamente, el poder político torpedea sistemáticamente una investigación judicial de este calado tan menor. No quiero ni imaginarme qué ocurre entonces en operaciones de mayor nivel.

El auto de Pamparacuatro (les invito a leerlo y por eso lo adjunto) en realidad lo es sobre dos causas: una, Clavijo y los otros 40 (según dice) implicados en varios asuntos de orden público, licencias de apertura, búsqueda de trabajo y ayudas públicas a conocidos; y la otra, una causa abierta, un auténtico alegato, contra los responsables políticos de Administración de Justicia en Canarias, en la que se transcriben, uno a uno, los días de tortura que asegura haber pasado este juez ante la carencia de medios que, dice, le impiden progresar en su investigación y la tramitación de la causa, perjudicando gravemente a los que han terminado imputados y, por extensión, a toda la ciudadanía.

No es que falte un escáner. Esa es la punta del iceberg, la parte del todo, lo local en un fenómeno global. Es que el sistema judicial advierte, da la voz de alerta, de que hace aguas y señala exactamente a quienes disimulan con baldear la barca mientras realmente le hacen más agujeros para que se siga hundiendo.

Exijo a los máximos representantes de mi Gobierno que hablen inmediatamente. Paulino Rivero y Spínola no deben callar ni una sola hora más.