El cónsul de España en París rehúsa firmar un documento clave en el juicio por la demanda del empresario de prensa marroquí Ahmed Charai.
El periodista Ignacio Cembrero, uno de los informadores especializados en Magreb y Oriente Próximo de más sólida trayectoria, tras más de tres décadas en El País y un año en El Mundo, es habitualmente un blanco de las iras del Gobierno de Marruecos y de su aparato mediático oficialista.
Cembrero, pendiente del juicio por la demanda que el empresario de prensa marroquí Ahmed Charai presentó contra él y el diario El Mundo, ha recibido la negativa del cónsul general de España en París, Javier Conde, a firmar un “acta de manifestaciones” del escritor y periodista francés Jean Pierre Tuquoi, cuya declaración puede ser determinante en el proceso judicial al que hace frente y cuya vista se celebra el 21 de octubre próximo en Madrid.
El periodista considera que, con esta negativa, el cónsul conculca sus derechos como ciudadano español y los del declarante, el experiodista de Le Monde y escritor francés Jean Pierre Tuquoi. “El cónsul no puede negarse, como fedatario público, a firmar un acta de manifestaciones”, ha denunciado Cembrero a Reporteros Sin Fronteras. También ha recibido el amparo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Jean Pierre Tuquoi acudió el 2 de septiembre al Consulado de España en París para presentar un acta de manifestaciones. Pagó las tasas y fue recibido por el cónsul, quien tras leer el texto comunicó a Tuquoi que no firmaría el acta, porque se trataba de “un asunto político entre Cembrero y Marruecos” en el que no quería inmiscuirse. “No dio ningún argumento jurídico para justificar su decisión”, asegura el periodista español. Cembrero afirma que en el acta, el periodista francés resaltaba su profesionalidad y daba crédito a los documentos marroquíes divulgados a través de Twitter, durante el otoño pasado, en los que el empresario de prensa Ahmed Charai aparecía como un colaborador del servicio secreto exterior marroquí (DGED). “Las autoridades marroquíes no han desmentido la autenticidad de esos documentos”, añade.
Ahmed Charai fue condenado en España, en 2011, por haber difamado a José María Aznar. El semanario L’Observateur du Maroc, una de sus publicaciones, atribuyó al expresidente la paternidad de la hija de la ministra francesa de Justicia, Rachida Dati. La falsa noticia dio la vuelta al mundo. Charai también fue condenado ese mismo año en Estados Unidos por haber introducido sin declarar, a través del aeropuerto de Washington, una cantidad excesiva de dinero en metálico.
El 18 de octubre de 2014, Ignacio Cembrero publicó en el diario El Mundo la crónica “El espía de Marruecos que acusó a José María Aznar de ser el padre de la hija de la exministra Rachida”, en la que resaltaba que el difamador de Aznar era, a juzgar por el abundante material puesto en circulación sobre él, un colaborador del servicio secreto marroquí. “Antes de publicarlo le envié tres correos con varias preguntas y le llamé por teléfono, pero nunca contestó”, ha señalado el periodista. Un mes después, Charai puso una demanda de protección del derecho al honor dirigida contra el periodista y el diario.
Está previsto que el juicio se celebre el 21 de octubre en Madrid. Jean Pierre Tuquoi no puede acudir como testigo al juicio, por eso quiso hacer una declaración jurada ante notario que, cuando se efectúa en un consulado, se llama acta de manifestaciones. “No se trata en ningún caso de que el cónsul avale su contenido, solo debe dar fe de su declaración. Al rechazarla el cónsul me perjudica gravemente”, lamenta Cembrero.
Ante la negativa del cónsul español en París, Ignacio Cembrero presentó una queja ante el Ministro de Asuntos Exteriores. En su carta de respuesta al periodista, el subsecretario de Asuntos Exteriores, Cristóbal González-Aller, se ratifica en la negativa del cónsul general en París argumentando que no sería aplicable el artículo 145 del Reglamento Notarial, “dado que el Cónsul de España en París no es propiamente un notario sino un fedatario público, en cuyas funciones y naturaleza predomina su carácter consular o diplomático”. De acuerdo con el examen de la Dirección General de Registros y Notariados, en este caso “habrá que ceñirse a los principios generales acomodados al marco general de las relaciones internacionales que es propio de la actuación consular”, explica en la carta que concluye: “En este sentido, en la entrevista mantenida con el Sr. Tuquoi en el Consulado en París el 2 de septiembre se le transmitieron estas observaciones (…) y se le aconsejó que se fuera a ver a un notario francés”.
RSF considera que la negativa del cónsul español en Paris a firmar el acta solicitada por el periodista de Le Monde es muy lesiva para la defensa de Ignacio Cembrero y conculca sus derechos, por lo que solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores que realice todo lo necesario para modificar cuanto antes esta situación y evitar la indefensión de Ignacio Cembrero.
“Es difícil entender la postura del Ministerio de Asuntos Exteriores”, afirma Malén Aznárez, presidenta de RSF-España, “notario y fedatario público son sinónimos, el notario es un fedatario público y viceversa. Hasta el punto de que es habitual decir que el cónsul actúa “en funciones notariales”. No creo que haya muchos antecedentes de negativas como ésta. Una vez más, parece que han prevalecido intereses políticos por encima de la defensa de la libertad de información”.
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