La inversión en la educación pública funciona en Ruanda
Por Chema Caballero
La inversión y mejora de la educación pública en Ruanda tiene como consecuencia el cierre de muchas escuelas privadas, algo que representa una gran novedad en el contexto de la educación en África Subsahariana. En la mayoría de los países de la región, la falta de inversión gubernamental obliga a los padres que quieren ofrecer a sus hijos una educación de calidad a optar por las escuelas privadas, lo que supone un importante desembolso económico para las familias.
Muchas escuelas privadas ruandesas han informado de una disminución de alrededor de dos tercios en las matrículas de estudiantes al cierre del último curso, ya que muchos de sus alumnos han optado por inscribirse en las escuelas públicas, según informan varios diarios. Ahora, los propietarios de esas instituciones, que se enfrentan al cierre, piden al gobierno firmar algún tipo de acuerdo que abarate el precio de sus estudios y sus estudiantes paguen las mismas tasas que los de las escuelas publicas. Sin embargo, por el momento, el Ejecutivo ha rechazado la idea.
En 2012, el Gobierno ruandés introdujo el Plan Estratégico del Sector Educativo (ESSP) que elevaba de nueve a doce años la educación obligatoria. En ningún momento, el objetivo del Ejecutivo era cerrar las escuelas privadas, pero la inversión en la educación pública que conllevaba marcó el declive del negocio de la educación privada.
En los últimos cinco años, el ministerio de Educación ha invertido enormemente en la expansión de la capacidad y la infraestructura de la enseñanza de las escuelas públicas de todo el país, ha introducido programas de alimentación escolar y ha abolido las tasas escolares, lo que ha hecho que estas instituciones sean mucho más atractivas para los padres.
Mientras, las escuelas privadas se enfrentan a un futuro incierto. Se dice que ya son muchas de estas escuelas las que han optado por el cierre ante la escasez de estudiantes. Rwanda Today cita el ejemplo de una escuela en el distrito de Gakene que ha pasado de 900 a 80 alumnos y sus propietarios luchan por mantenerla abierto.
Por su parte, la Iglesia católica, que posé el 40 % de las escuelas primarias y secundarias del país, no está convencida de firmar un nuevo acuerdo con el gobierno. Estas escuelas están subsidiadas por el estado que paga todo el personal de las mismas, la rehabilitación de los edificios e, incluso, la construcción de los nuevos. Ahora, el Ejecutivo ruandés se pregunta qué por qué tiene que aportar tanto a la Iglesia, si al final, la contribución que esta hace es tan escasa.
De ahí, que busque un nueve acuerdo con esta que equilibre las dos partes en la cual el gobierno propone que la iglesia se encargue del mantenimiento, rehabilitación y construcción de sus colegios. Sin embargo, los obispos católicos no parecen dispuestos a perder este privilegio.
Las escuelas no católicas, no concertadas, no tienen la suerte de estas y sobre ellas se cierne la opción de cierre al no poder mantener el negocio como lo habían hecho hasta hace poco.
El ejemplo de Ruanda nos muestra que la inversión en una educación pública, gratuita y de calidad también puede funcionar en África, liberando a los padres de la pesada carga que sufren en muchos de los países del continente por el hecho de desear las mejores oportunidades para sus hijos.
