Armas en vez de justicia para el Sahel
El pasado mes de junio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio la bienvenida al despliegue de fuerzas del llamado G5, un grupo compuesto por Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger que intenta controlar la seguridad de la región y terminar con la amenaza islamista en el Sahel. Este operativo, cuyo nombre es Force Conjointe du G5 Sahel (FC-G5S), tienen previsto desplegar 5.000 efectivos en la zona. Un plan ideado por Francia y que desde un inicio ha tenido problemas para su financiación, debido, principalmente a la oposición estadounidense a destinar dinero para este proyecto. Aunque finalmente, después de arduas discusiones entre estos dos países, a finales de octubre Estados Unidos anunció que contribuía con 60 millones de dólares a la misión.
Desde hace tiempo, el Sahel se considera un semillero de inseguridad agravado por el empobrecimiento y abandono en el que se encuentran gran parte de las poblaciones que lo habita. Esta situación se ha visto reforzada por crisis como la de Malí, que comenzó en 2013, y la gran sequía que asola a la región. Este panorama se ha visto intensificado en los últimos años debido al abandono que la región sufre por parte de los gobiernos de los países que la abarcan, lo que deja a millones de personas a merced del clima y de los grupos armados que operan en su territorio.
A pesar de la presencia de fuerzas de paz y tropas francesas, los grupos rebeldes han aprovechado la porosidad de las fronteras y las áreas en las que la presencia del gobierno es nula para extenderse y llegar a lugares donde antes no operaban. Desde 2016, ha habido ataques en el oeste de Níger y en el norte de Burkina Faso, lo que ha dado la voz de alarma sobre la extensión regional de este conflicto.
En 2013 y 2014, la Operación Serval de Francia expulsó a los islamistas en el desierto del norte de Malí de algunas ciudades en las que se habían asentado. Sin embargo, los ataques continúan y se han extendido más allá de las fronteras de Malí y ello a pesar de que en la actualidad hay 4.000 soldados franceses desplegados en la región bajo la bandera de la Operación Barkhane -en la que también participa España- que cubre los cinco estados que ahora componen el G5.
Malí además acoge a los 14.000 efectivos de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas (MINUSMA). Una de las más caras de todas las que ha montado la ONU hasta ahora y que ha sido objeto de ataques por parte de grupos vinculados a Al Qaeda. Unos 86 cascos azules han sido asesinados en la región desde julio de 2013.
Paralelamente, los intentos de varios grupos de la sociedad civil por negociar con algunos grupos yihadistas han fracasado. Al mismo tiempo, el acuerdo de paz de 2015 entre el gobierno de Malí y dos coaliciones de grupos armados -de los que se excluía a los yihadistas- es reiteradamente incumplido. Algunos de los grupos que lo firmaron están ahora divididos y también han participado en ataques contra el ejército y tropas internacionales. Igualmente, la incapacidad del Gobierno de Bamako para dar respuesta a las quejas políticas y económicas de la población le ha restado autoridad en la región. Allí, la situación se deteriora día a día. A finales de 2016 las escuelas cerradas ya eran casi 800, 140.000 personas habían tenido que refugiarse en países vecinos y 55.000 se encontraban desplazadas internamente.
La idea del G5 fue puesta sobre la mesa por Francia en 2014, en un intento por mejorar la cooperación en políticas de desarrollo y asuntos de seguridad. Fue en febrero de este año, cuando los líderes del G5 junto al presidente francés, Emmanuel Macron, anunciaron la creación de la FC-G5S destinada a combatir a los grupos armados y el crimen transnacional. Esta fuerza entró en funcionamiento, oficialmente, en julio pasado.
Una vez más se opta por una solución armada para un conflicto cuyas bases son económicas y sociales. Es posible que las armas controlen la situación, pero no podrán fin al conflicto que seguirá creciendo mientras no se resuelvan las causas del malestar y el abandono de la población que reside en el Sahel.
