Empeora la situación en el Sahel
La inseguridad en Malí sigue creciendo y ya no se concentra en el norte, sino que, poco a poco, se apodera del centro del país. Al menos así lo piensan los observadores de Naciones Unidas. Estos también señalan que varios de los firmantes de los acuerdos de paz de 2015, por los que se establecía la paz tras la declaración de independencia de Azawad (como se autodenominó el norte de Malí tras su independencia unilateral), se otorgaba mayor autonomía al norte del país y se garantizaba la integridad territorial del mismo, ya no tienen el poder que ostentaban en aquel momento; han cedido terreno a otros grupos.
Representantes de los grupos armados y de la Plataforma Coordinación del Movimiento de Azawad (CMA) sufren una “disminución gradual de su influencia en áreas que tradicionalmente estaban bajo su control directo o indirecto”, dice el informe de los expertos de la ONU, al que AFP ha tenido acceso.
Además de la pérdida de control territorial, se ha producido una fragmentación de los grupos armados firmantes de los acuerdos de paz sobre la base de su origen étnico, lo que ha dado lugar al surgimiento de nuevos actores que nunca firmaron esos compromisos.
El pasado verano, Naciones Unidas introdujo sanciones para presionar a los firmantes de aquellos documentos a cumplirlos. Pero, hasta la fecha, ninguna de estas sanciones ha sido ejecutada y no parece que en un futuro próximo lo vayan a ser. En definitiva, no se aprecia voluntad política ni por parte de los distintos grupos que operan en la región, ni del Gobierno de Bamako, ni siquiera de la comunidad internacional, de hacer un esfuerzo para intentar estabilizar la situación del país.
En este caos, la amenaza de los grupos yihadistas se multiplica, como es el caso de Estado Islámico en el Gran Sáhara (GSIM) y Ansar al-Islam. El primero de ellos, dirigido por el yihadista maliense Iyad Ag Ghaly se ha responsabilizado de los ataques al Cuartel General del ejército (donde debía celebrarse una reunión del estado mayor del G5) y a la Embajada francesa de Uagadugú el pasado 2 de marzo. Hecho que prueba, una vez más, que el conflicto del norte de Malí afecta a toda la región del Sahel. Ni siquiera la entrada en acción de la fuerza multinacional antiyihadista del G5-Sahel (Malí, Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania) parece detener este avance.
Esta situación unida a la gran sequía que vive el Sahel es responsable de que en Malí unos 4,1 millones de personas necesiten ayuda humanitaria, especialmente en el norte y el centro del país, donde la situación es más grave. Pero el Gobierno de Bamako, y gran parte de la comunidad internacional, parecen no prestar atención a este aspecto. Todos ellos han optado por la militarización del Sahel, en vez de dar respuestas a las quejas y reivindicaciones históricas de la población. Esto hace que muchos jóvenes no vean más salida a la falta de oportunidades que viven que unirse a los grupos terroristas que operan en la zona.
No hay mucha esperanza de que en los próximos meses la situación mejore en la región. Todo apunta a que el descontento de la población crecerá aún más y la presencia de los grupos yihadistas se afianzará. Solo un cambio de política en el Sahel puede frenar el deterioro y poner fin a la violencia.
