FMI, colas en las gasolineras y ganas de cambio en Kenia
Las largas filas de coches ante las gasolineras se han convertido en parte del paisaje habitual de Nairobi en las últimas semanas. Parece que no solo aquí, sino que la imagen se repite por todo el país. Esta estampa se debe a una escasez de combustible provocada por una huelga convocada por la Asociación Independiente de Distribuidores de Petróleo de Kenia (KIPDA) para protestar por la entrada en vigor, a principios de septiembre, de un IVA del 16% sobre los productos derivados del petróleo. Esto ha originado subidas importantes en el precio de la gasolina y el diésel, que han repercutido en el transporte y el coste de muchos productos de primera necesidad.
Curiosamente, la entrada en vigor de esta nueva tasa se produce justo tras la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Kenia en agosto. En 2016, Kenia recibió un préstamo del organismo internacional a cambio del cual se comprometió a hacer algunos ajustes en su economía. Los funcionarios del FMI han elogiado la buena marcha de la economía keniana, pero piden que se redoblen esfuerzos para reducir el déficit del 7.0% actual al 5.7% como establece el acuerdo firmado por las dos partes. Igualmente, el FMI anima a las autoridades kenianas a continuar con la reforma de los impuestos para conseguir mayores ingresos que faciliten la sostenibilidad de las políticas económicas y sociales emprendidas por el Gobierno del presidente Uhuru Kenyatta.
Estas políticas están recogidas en el documento Kenya Vision 2030 y tienen como objetivo: “Transformar Kenia en un país industrializado y de ingresos medios que ofrezca una alta calidad de vida a todos sus ciudadanos para el año 2030 en un entorno limpio y seguro”. Para financiar este programa que, entre otras cosas, incluye la sanidad universal gratuita, la educación de calidad y gratuita y el acceso a viviendas de calidad, el Ejecutivo keniano presentó al Parlamento un presupuesto para el presente año que incluía una subida de impuestos, además de la puesta en marcha de la llamada Tasa Robin Hood a toda transacción bancaria superior a los 500.000 chelines kenianos (4.5 euros).
Este presupuesto, con la subida de impuestos, fue rechazado por los parlamentarios que alegaron la pobreza y las dificultades que afrontan los kenianos en el día a día. Pero, la autoridad fiscal keniana decidió, en contra de lo aprobado por el Parlamento, el incremento del IVA sobre los productos derivados del petróleo efectivo desde el 1 de septiembre. Medida que desencadenó la huelga y la consecuente escasez de gasolina en el país. Los empresarios del sector demandan que se suprima esta medida.
La decisión tomada por el Parlamento va, evidentemente, contra las promesas realizadas por el gobierno al FMI respecto a la bajada del déficit y la subida de impuestos. También supone una zancadilla a la implementación de los programas de desarrollo planeados por el Ejecutivo y a los que el presidente Kenyatta ha dado prioridad.
No se sabe muy bien cómo terminará esta contienda, pero es cierto que Kenia no puede fiar su desarrollo a la ayuda extranjera. Debe encontrar medios que lo hagan sostenible y duradero.
