Negocios españoles en la República Democrática del Congo
Florentino Pérez, presidente de Actividades de Construcción y Servicios S. A. (ACS), junto a unos socios chinos, liderados por Three Gorges Corp, ha reactivado el proyecto de construcción de una presa hidroeléctrica gigantesca en el río Congo, a 225 kilómetros de Kinshasa y 150 de la desembocadura sobre el Atlántico, en la República Democrática del Congo (RDC). Esta se conoce como Inga III y tendrá una potencia de 4.800 megavatios (MW).
Esto, en principio, podría parecer una buena noticia en un país donde el 90% de su población no cuenta con electricidad en sus hogares. Sin embargo, no serán los ciudadanos congoleños los que se beneficien de esta iniciativa porque más de la mitad de los megavatios producidos se vendrán a Sudáfrica y otra gran porción estará destinada a alimentar las minas de la región de Katanga. No más de 1.000 MW se destinarán a parte de la población de la capital.
Río Congo
El proyecto cuenta con el apoyo y la financiación del Banco Mundial, y a él se destinarán 14.000 millones de dólares (11.400 millones de euros).
Esta intervención inundará 22 hectáreas de tierra. La ONG International Rivers afirma que Inga III obligará al desplazamiento de unas 35.000 personas y afectará gravemente al ecosistema del río Congo, lo que pondrá en peligro el suministro de pescado del mismo, del que dependen miles de personas para su subsistencia. Los activistas también argumentan que la electricidad generada por el proyecto hidroeléctrico viajará largas distancias hasta las zonas mineras de la RDC para abastecer a las minas, en su mayoría explotadas por multinacionales extranjeras. Igualmente recorrerá más de 5.000 kilómetros hasta Sudáfrica, a través de Zambia y Namibia. Como resultado el 90% de la población congoleña que carece de suministro eléctrico seguirá sin acceso a él; solo una ínfima parte de esta producción llegará a Kinshasa.
La posibilidad de que fuera una empresa española la que, finalmente, se hiciera con este contrato, está detrás de la negativa a condenar de manera enérgica las matanzas de civiles de manera más enérgica por la Unión Europea. La represión de esas manifestaciones, lideradas por la Iglesia católica el pasado mes de enero, contra el deseo del presidente Joseph Kabila de perpetuarse en el poder, causaron numerosos muertos, heridos y detenidos, según denunciaron varias organizaciones de la sociedad civil.
Empujada por Bélgica, la Unión Europea también reaccionó ante la fuerte represión de la policía congoleña. La alta representante de la Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, instó al Gobierno de la RDC a proteger a sus ciudadanos y no reprimirlos en un breve comunicado hecho público por su portavoz el 3 de enero. Pero se pedía algo más: una declaración conjunta de los 28 Estados de la Unión Europea en la que se condenase explícitamente al Ejecutivo congoleño. Pero España y Francia habrían bloqueado esta posibilidad, según informaban medios como La Libre Afrique y Afriwave, para defender los intereses de sus empresas en el país. En el caso del primer país, evidentemente, no se quería enemistar con el Gobierno de Kabila para que ACS no fuera castigada y apartada de tan beneficioso contrato.
Una vez más, se prioriza los intereses económicos de grandes corporaciones y de la industria sobre las necesidades de la población y el respeto a los derechos humanos y no se tiene en cuenta, tampoco, el daño medioambiental que proyectos como estos pueden causar.
