Los agricultores reclaman flexibilidad y pragmatismo para aprovechar y proteger más los bancales existentes
Asociaciones como Asaga y Coag abogan por incentivar la recuperación de los bancales y, por ende, de la agricultura permitiendo que se ensanchen las parcelas para que entre maquinaria mayor o crear nuevas terrazas y paredes, para lo que consideran fundamental la coordinación administrativa, la flexibilidad de las leyes y la ampliación de las ayudas.
Existen desde casi los primeros asentamientos tras la conquista castellana y se prodigaron, sobre todo, en el Norte de las Islas porque era donde la agricultura tenía mucho más potencial por el clima. Han sido claves para la economía de subsistencia y el sector primario en Canarias hasta la modernización y la extensión agraria en las comarcas sureñas o más secas y llanas, pero aún tienen mucha relevancia. Una importancia multifuncional que hacen de los bancales y terrazas agrarias no solo elementos de gran riqueza patrimonial, etnográfica, arquitectónica y ambiental, sino, sobre todo, en el ámbito para el que nacieron: el agro. La nueva ley del suelo y los reglamentos pendientes de elaboración y desarrollo abren opciones para su realce y protección, pero los agricultores, al menos los de dos de las asociaciones de más relieve (Asaga y la Coag), siguen detectando limitaciones, carencias o dificultades para que haya un aprovechamiento real que garantice su protección, pero, al mismo tiempo, reimpulse el sector y ayude a recuperar muchos terrenos abandonados.
Desde la Coag, su presidente, Manuel Redondo, recuerda que, tras la extensión de las redes acuíferas y la mecanización que impulsó la agricultura en el Sur, los bancales en el norte, como el campo en general, declinaron mucho en comparación con su importancia desde los años 60 del siglo XX hacia atrás para la economía de subsistencia y de complementariedad. Sin embargo, en los años 90, la UE comenzó a realzar la multifuncionalidad del agro y de elementos como estas terrazas por sus muchas contribuciones ecológicas, paisajísticas, etnográficas y económicas, pero también por fijar y mantener población en zonas que se han ido vaciando. Por supuesto, y según remarca, se valoran mucho más lo que implica histórica y visualmente los bancales, incluso como atractivo turístico en zonas como el norte palmero, que los invernaderos plásticos del sur.
Redondo recalca que las administraciones canarias y de otras zonas son plenamente conscientes de esa relevancia de los bancales ya que, por ejemplo, cuando visitan las Islas miembros de la Comisión Europea relacionados con el sector primario, se les lleva a las áreas y comarcas donde más y mejores terrenos abancalados en explotación hay, lo que suele gustarle mucho. Esto se ha ido reflejando cada vez más en las políticas de desarrollo rural con el fin de potenciar esta agricultura tradicional en una etapa en la que ya no es primario, como si ocurría hace décadas, producir para alimentar a gran escala a la población isleña, sino que existen todos los demás factores. Por eso, confía en que el desarrollo de la ley del suelo de 2017 incentive la recuperación de bancales en lo que se llaman parques agrarios y que no se sigan perdiendo o desaprovechando. Eso sí, cree imprescindibles más y mejores ayudas porque en este tipo de agricultura es mucho más difícil la mecanización, la preparación de los terrenos y hasta la operación con los cultivos, entre otras cosas porque, en muchos casos, aún hay que casi cargar a hombros, aparte de las dificultad por los desniveles y subidas. “Competir con esto en economías de escala -señala- es imposible o muy difícil, pero se puede aprovechar ese papel multifuncional”. A su juicio, hay que aprovechar los programas de desarrollo rural porque estos productores son, a su vez, gestores del territorio, aparte de que luchan también contra los incendios y la extensión de los terrenos baldíos y colonizados de maleza. “Esto se debe poner en valor, primar y apoyar, aunque las herramientas son insuficientes y la mayoría de las líneas de ayuda están enfocadas al continente y no a islas como las nuestras. De hecho, no es lo mismo aportar 300 euros por hectárea en propiedades agrícolas con 60 o 70, como pasa en muchas zonas de la Península, que en las de, como máximo, una o dos hectáreas de Canarias. Está claro que es muy diferente recibir 300 a 30.000 euros”.
Por eso, espera que las ayudas y medidas “no lleguen demasiado tarde” y que las directrices que se desarrollan al amparo de la nueva ley del suelo regional permitan un uso adecuado de cada terreno según sus características. No obstante, echa en falta más coordinación interadministrativa y con el sector.
Por Asaga, el técnico Javier Gutiérrez Reyes resalta la importancia histórica de los bancales desde los primeros asentamientos “porque fue, en realidad, lo que posibilitó la agricultura en Canarias”. En su opinión, se deben proteger, pero que esto sea compatible con un mejor y mayor aprovechamiento y, para ello, cree fundamental que la ley del suelo permita planificar bien y realzar la agricultura tradicional con mayor flexibilidad. “Si ese señor con terrenos abancalados quiere explotarlos, volver a producir en ellos, y necesita ampliar las parcelas, ensancharlas, para que pueda pasar maquinaria mayor, más pesada, que pueda hacerlo, que pueda alejar las paredes, las estructuras de piedra, o crear nuevos bancales, nuevas paredes. Proteger tanto -advierte- puede hacer que, al final, se acabe de nuevo abandonando o no aprovechando muchos terrenos y, con el tiempo, ya no solo no tenemos agricultura en muchas zonas, sino ni siquiera los bancales, que acaban colonizados por la vegetación”.
En su opinión, se necesita voluntad política y aclarar las competencias de verdad, que las distintas administraciones no choquen con interpretaciones y aplicaciones divergentes de las mismas normas, sobre lo que se puede hacer en unos suelos, en los espacios protegidos y demás. “Deben ir de la mano, aunque siempre existen asperezas. Por eso, y aparte de la opinión que tengan sobre esto los arquitectos o los biólogos, debe atenderse mucho a lo que digan los, ingenieros agrícolas. Se necesita una visión real y desde dentro”, subraya.
Esa visión a ras de tierra, desde dentro, la tiene el agricultor Miguel López González, miembro de la Coag, quien conoce a fondo la situación en zonas como La Laguna y Tegueste, entre otras muchas. Según remarca, existen más bancales desaprovechados que en explotación y lo achaca a la gran cantidad de suelo con altas dosis de protección. En este sentido, lamenta que buena parte de los terrenos con desniveles están muy protegidos y resultan casi intocables, cuando, como pasaba en su día con la ladera de Tegueste, antiguamente, desde hace 3 siglos, se cultivaban y aprovechaban. A su juicio, es incongruente que, por proteger, estos terrenos estén abandonados cuando lo que se debería hacer es todo lo contrario, permitir su uso agrícola para evitar que acaben cubiertos de maleza, lo que afea aún más el paisaje. Además, cree que las contradicciones son aún mayores, pues no hay una verdadera política de reforestación o recuperación de flora autóctona, “entre otras cosas porque buena parte de ese suelo es propiedad de particulares”, con lo que simplemente están avanzando cada vez más las especies invasoras y más zonas solo con zarzas. Asimismo, niega que no se pueda crear cuartos de aperos o depósitos en ayuda de esa recuperación agrícola en los bancales porque se podrían soterrar y eliminar cualquier impacto visual.
López González alude a la prohibición de que, en muchas zonas, no se pueda cultivar otros productos que no existieran antes de 2006 y cree que lo que hay que hacer es potenciar la figura de los suelos agroalimentarios para girar los números actuales, “que dicen que el 53% de la superficie cultivable, por ejemplo, en Tenerife está abandonada, si bien en La Laguna ese porcentaje baja al 42% y, en Tejina, en concreto, al 36. Hay 140.000 hectáreas y unas 50% abandonadas, lo que refleja bien lo que está pasando en las Islas”.
Fotografía de portada por Rocío Eslava.
