Burundi bajo la lupa internacional
Hace tiempo que el Gobierno de Burundi que preside Pierre Nkurunziza se halla bajo la lupa internacional que vigila el respeto a los derechos humanos. Las denuncias y críticas que recibe son constantes tanto de organizaciones privadas como de organismos, entre ellos las propias Naciones Unidas con las que ya ha entrado en colisión frontal. La situación se agravó dos años atrás a raíz de la decisión del impopular Kkurunziza de presentarse con el apoyo de todo el aparato del Estado a la reelección que consiguió sin reparar en medios ni formas.
Los incidentes callejeros que desencadenaron las protestas y la posterior reacción a la falta de limpieza democrática en que se desarrollaron los comicios, fueron reprimidos con el recurso a la violencia que dejó decenas de víctimas en los enfrentamientos. Pero la represión no se detuvo tras aquellas jornadas dramáticas. La línea de rechazo sin contemplaciones a cuanto huela a oposición o crítica al sistema se mantiene.
Millares de personas, entre ellas muchos profesionales valiosos, han tenido que exiliarse o permanecen escondidas por miedo a ser apresadas por los matones de la policía política que, con la aquiescencia del poder constituido, imponen su Ley ante el miedo generalizado que se ha impuesto. Cálculos de la ONU, que se ha implicado muy activamente en las denuncias, estiman que el número de muertos supera los 1.200.
Ubicación de Burundi
Y en su mayor parte han sido asesinatos cuya autoría no ha sido ni siquiera oficialmente investigada. Las detenciones sin orden judicial, las torturas y las desapariciones consiguientes se repiten con bastante frecuencia. El Gobierno, mientras tanto, acusa a los organismos internacionales de interferencia y de dar crédito a las denuncias de los exiliados que quieren propiciar un golpe de Estado desde el exterior.
Burundi fue el año pasado el primer país de los 195 miembros de la ONU que reaccionó contra su autoridad abandonando con un portazo el Tribunal Penal Internacional (TPI). La razón: que los jueces del TPI habían ordenado la investigación de algunos asesinatos bajo sospecha de ajuste de cuentas políticas. Esta decisión, criticada por todas las instituciones protectoras de los derechos humanos, no se quedó ahí.
Los abusos siguen siendo tan graves y frecuentes que la propia ONU reiteró la denuncia recientemente. Un alto cargo de la Organización declaró que Burundi está actualmente entre los países donde la libertad está más penalizada y los derechos humanos más violados. También la Unidad Africana (UA) hizo algunas veladas advertencias de las que el Gobierno de Nkurunziza y sus agentes represores han hecho caso omiso.
La pretensión de crear comisiones de investigación promovidas por Naciones Unidas o por Amnistía Internacional fueron rechazadas y consideras como una afrenta a la soberanía nacional. El régimen impuesto por Nkurunziza considera que es víctima de una conspiración internacional para derrocarle y propende a ver enemigos por todas partes. Los argumentos en favor de un cambio en las formas formulados por organismos e instituciones son rechazados.
Plaza de la Independencia y monumento en Bujumbura. Vía Wikipedia Commons
Por el contrario, la reacción fue decretar el cierre de la delegación de Naciones Unidas en Bujambura, la capital, y la salida de todos los funcionarios. La noticia fue confirmada y lamentada por Ravina Shandasani, el representante para la defensa de los derechos humanos. Al delegado en el país le fue comunicada la orden de manera conminatoria: dispone de dos meses para cerrar las oficinas y marcharse.
Burundi es de los pocos países africanos donde la calidad de la democracia y el respeto a los derechos humanos no ha mejorado en la última década. Aunque el sistema es una república presidencialista, los once millones de habitantes continúan sometidos a un régimen despótico y caciquil en el que impera la corrupción y se liquida cualquier manifestación crítica o intento de recuperar la normalidad democrática.
