Eritrea persigue a sus propios ciudadanos
Eritrea era un país aislado del resto del mundo, pero esto cambió en 2018. Ese año se abrió a sus vecinos. En julio, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, visitó al presidente de Eritrea, Isaías Afeweki, dando así inicio a una nueva etapa. Los dos mandatarios firmaron un documento para lanzar una “nueva era de paz y amistad” y poner fin a la guerra por la delimitación de las fronteras entre los dos Estados que se prolongaba por más de 20 años. Un mes más tarde se reanudaban las relaciones diplomáticas con Somalia y poco después con Yibuti. En noviembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas levantaba el embargo de armas que impuso a Eritrea nueve años antes.
Todo hacía esperar que tras estos acontecimientos tan positivos el régimen de partido único eritreo cesase en su continua violación de los derechos básicos de sus ciudadanos, causa de que muchos jóvenes abandonen el país. Durante años, Afeweki usó la guerra con Etiopía para justificar su régimen autoritario y represivo. Entre las medidas más criticadas está el servicio militar obligatorio que puede convertirse en indefinido. Cualquier signo de oposición política es castigada con cárcel sin juicio previo. No existe libertad de prensa y es frecuente el encarcelamiento de periodistas. Tampoco son permitidos los partidos políticos y las ONG tienen prohibido trabajar en el país… como denuncia desde hace tiempo Human Rigths Watch.
Entre las muchas restricciones que impone el Gobierno eritreo se encuentra la de libertad de religión ya que solo reconoce cuatro: el islam sunní, y las iglesias cristiana ortodoxa eritrea, católica y evangélica (luterana). Pero les impone muchas restricciones, por ejemplo, el patriarca ortodoxo Antonios, depuesto por el gobierno en 2007, sigue bajo arresto domiciliario, como denuncia HRW. Igualmente, las fuerzas de seguridad detienen a los seguidores de religiones no reconocidas y allanan las casas donde se reúnen para rezar.
En una nueva vuelta de tuerca en su persecución religiosa a principios de junio, el Gobierno eritreo confiscó y cerró todos los centros de salud y hospitales que la Iglesia católica tiene en el país. Esta denuncia que los militares entraron en los centros y ordenaron a los pacientes que se fueran a casa y luego los rodearon y cerraron. Diversos analistas piensan que se trata de una venganza política por una carta publicada por la Iglesia católica el pasado mes de abril en la que pedía reformas que pusieran fin a la marea de personas que dejan el país rumbo a Europa.
Se trata de un ejemplo más de cómo se han frustrado todas las expectativas que existían hasta no hace mucho sobre el cambio de rumbo del Gobierno de Eritrea en materia de derechos humanos. La renovación de los contactos diplomáticos con sus vecinos y una ligera apertura de fronteras, no ha ido mucho más allá. La población eritrea sigue sometida a las férreas garras del presidente Afeweki, que rige los destinos del país desde 1991, y nada hace intuir que en un futuro próximo la situación vaya a mejorar. Así que los eritreos seguirán huyendo hacia Europa en busca de nuevas oportunidades y los que no lo consigan se verán sometidos a la tiranía del régimen de partido único
