América

Un gobierno de difuntos y flores…

Caracas, Venezuela

En esta Caracas de lluvia y sol, esta semana finalmente recibió cristiana sepultura el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo luego que el Estado venezolano retuviera durante 11 días su cadáver.

El 21 de junio Acosta Arévalo fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), tras haber participado en el alzamiento militar del pasado 30 de abril. Murió el sábado 29 de junio estando bajo custodia del poder judicial venezolano. El día que lo llevaron al Tribunal para la primera audiencia, no pudo pararse de la silla de ruedas. Su abogado afirma que sólo le dijo “auxilio” y de allí fue trasladado al Hospital Militar de Caracas donde falleció.

El informe forense indica que murió por politraumatismo generalizado. Tenía 16 costillas rotas, fractura de tabique nasal, excoriaciones en hombros, codos, y rodillas, hematomas, latigazos y un pie fracturado. Murió por torturas que recibió durante su detención.

Sin embargo, no conformes con haberlo matado a golpes, al capitán de corbeta le aplicaron el mismo protocolo que aplicaban los gobiernos de turno de la llamada “cuarta República”, que tanto rechaza Nicolás Maduro. Su cuerpo fue mantenido bajo custodia del Estado. Los familiares sólo pudieron ir a reconocerlo en la morgue 10 días luego de su muerte. Inmediatamente se procedió a la inhumación del cadáver, en el cementerio y a la hora que lo dispuso el Estado venezolano, lo que se conoce como “inhumación controlada”. Era lo que aplicaban en Venezuela los gobiernos antes de la “era Chávez” para los asesinatos de sus presos políticos.

El Ministerio Público imputó el delito de homicidio a dos militares adscritos al organismo de contrainteligencia militar por la muerte del funcionario.

La comunidad internacional rechazó masivamente este asesinato. Apenas una semana antes la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había visitado Venezuela.

El Comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos,  durante su discurso del 5 de julio por la conmemoración de los 208 años de la firma del acta de la independencia, dijo (a modo de excusa) que Acosta Arévalo tenia 10 años “conspirando” contra el Gobierno.

Maduro no encontraba la forma de “justificar” el asesinato del militar. Así como no han podido justificar el fallecimiento en extrañas circunstancias de cuatro presos políticos en los últimos cinco años, que encontraron en la muerte el refugio seguro ante la tortura.

En el 2018 se “suicidó” el concejal Fernando Alban en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Caracas. Angel Gabriel Sequera murió en marzo de este año por asfixia mecánica mientras estaba detenido, Carlos Andrés García falleció de un accidente cerebrovascular mientras estaba detenido en el 2017 cuando no recibió atención médica y Rodolfo González. detenido en 2015, se suicidó por supuestas torturas psicológicas en el Sebin.

En marzo del 2018 fue detenido el mayor general del Ejército, Miguel Ángel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia, quien inició una huelga de hambre esta semana a la espera de que sea presentado ante los tribunales y se respete el debido proceso.

Son varios los militares detenidos por razones políticas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) luce fracturada, pero Maduro ratificó como Ministro de la Defensa a Vladimir Padrino López, quizás el único militar en el que confía desde hace cinco años, pese a que ya debió pasar a retiro.

Con el agua hasta el cuello,  el Gobierno se volvió a sentar con la oposición, en una nueva ronda de diálogo, en Barbados con mediación de Noruega, en el mayor hermetismo y sin detalles sobre la agenda ni acuerdos.

No se respeta el debido proceso en la detención de los presos políticos, sean militares o no, varios de ellos tienen boletas de excarcelación que no se cumplen. ¿Con quién dialoga la oposición? ¿Se puede dialogar con un “gobierno de difuntos y flores”?

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