Los liberianos no encuentran justicia para los crímenes de guerra
El Tribunal Supremo de Reino Unido ha archivado la causa contra Agnes Reeves-Taylor, esposa del expresidente de Liberia Charles Taylor, que está en prisión por crímenes de guerra y contra la humanidad, según una condena del Tribunal Especial para Sierra Leona. En 2017, Reeves-Taylor fue acusada de conspiración para cometer tortura al, presuntamente, facilitar la violación de mujeres cautivas por soldados del Frente Patriótico Nacional de Liberia (NPFL), comandado por su marido. Además, se alegó que tres de las denuncias de tortura estaban relacionadas con “infringir dolor o sufrimiento severo”, incluidas lesiones a un niño de 13 años.
Reeves-Taylor, evidentemente, negó todos los cargos presentados contra ella. Al final, el Tribunal le ha dado la razón por falta de pruebas. Según el juez, el Gobierno de Taylor no tenía control sobre todas las acciones que ocurrían en el país y, por tanto, no se puede relacionar a su esposa con esos actos.
Esta decisión ha significado un duro golpe para los cientos de liberianos que desde hace años buscan justicia para su país. Gran parte de la ciudadanía está muy cansada de la indiferencia que muestran sus dirigentes hacia las víctimas de la guerra. Por ello, hace algún tiempo se presentó una petición al Parlamento para que se establezca un tribunal de crímenes de guerra y económicos. Agrupadas bajo la denominación Ciudadanos de la República de Liberia, las asociaciones ciudadanas y de derechos humanos que están detrás de esta propuesta creen que hasta que los instigadores de la guerra y los perpetradores de las atrocidades cometidas durante la contienda no se enfrenten a la justicia, no se podrá hablar de reconciliación verdadera en Liberia.
A diferencia de lo que sucedió en el país vecino, Sierra Leona, los acuerdos de paz de Liberia no contemplaron la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de guerra. Solo una Comisión de la Verdad y la Reconciliación que presentó un informe sobre las causas y consecuencias de la guerra al Parlamento en junio de 2009 y cuyas recomendaciones nunca han sido tenidas en cuenta.
Durante los últimos doce años, mientras estaba en la oposición, el actual presidente, George Weah, defendió la necesidad de un tribunal que juzgase los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto liberiano. Pero desde que llegó al poder en enero de 2018, todavía no se ha pronunciado sobre esta petición ciudadana y no parece decidido a implementarla.
Es por eso por lo que muchos liberianos tenían sus esperanzas puestas en la justicia que pudieran impartir tribunales de otros países donde se han presentado demandas contra personas que tuvieron papeles relevantes durante el conflicto. La decisión de la justicia británica no supone solo un revés para los que todavía buscan justicia 17 años después del fin del conflicto, también cierra muchas puertas a los intentos de buscar fuera de Liberia la satisfacción que les es negada por su propio país.
Muchos liberianos desean cerrar una de las etapas más cruentas de su reciente historia, pero no hallan los mecanismos para lograrlo. Buscan justicia y restitución y se encuentran con la negativa de los tribunales y la indiferencia de los políticos.
