Las niñas embarazadas de Sierra Leona ya pueden volver al colegio
Las escolares de Sierra Leona que se queden embarazadas no podrán ser expulsadas del colegio como ocurría hasta ahora. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), con sede en Abuya, la capital de Nigeria, ha condenado la política “discriminatoria” que ha privado a miles de niñas del derecho a la educación en el pequeño país de África Occidental. En su resolución, el Tribunal encuentra que la normativa de 2015 -que consagró una práctica que era común en el país- que prohibía que las chicas embarazadas pudieran continuar sus estudios, es discriminatoria y viola los derechos consagrados en las disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en otros instrumentos de derecho internacional en los que Sierra Leona es Estado parte. Igualmente ordena al Gobierno de Freetown a establecer programas nacionales que ayuden a las niñas embarazadas a regresar al colegio.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) han celebrado la sentencia. Esta destaca que: “La resolución de hoy marca un hito histórico para las miles de niñas que se han visto excluidas de la escuela, y cuyo derecho a acceder a la educación sin discriminación ha sido violado durante los últimos cuatro años a causa de esta prohibición inherentemente discriminatoria”.
AI afirma que esta sentencia también transmite un claro mensaje a otros gobiernos africanos que mantienen prohibiciones similares como Tanzania o Guinea Ecuatorial (ninguno de los dos países es miembro de la CEDEAO), o que puedan estar en proceso de contemplar su imposición.
No cabe duda de que se trata de una sentencia histórica que ahora necesita ser implementada con medidas concretas para que las niñas embarazadas o madres puedan continuar con su educación.
El embarazo juvenil supone un gran problema en Sierra Leona, un país en el que el 30% de las chicas quedan embarazadas y el 40% son casadas antes de los 18 años, según datos de UNICEF. El riesgo de embarazo para las jóvenes se disparó tras la crisis del ébola que devastó el país entre 2014 y 2016 y que dejó a miles de niñas en situación muy vulnerable y de desprotección. Muchas de ellas quedaron embarazadas como consecuencia de violaciones.
Cuando las escuelas reabrieron tras la epidemia, el gobierno prohibió a las niñas embarazas o que habían sido madres acudir a ellas con la excusa de proteger a las “niñas inocentes”. Esto no fue otra cosa que la consagración de una política que ya se venía aplicando de facto en el país desde hacía muchos años. Una práctica discriminatoria que prohibía a las chicas continuar sus estudios, mientras que los chicos, muchas veces compañeros de clase de las víctimas, no encontraban ninguna restricción en sus estudios.
Para paliar la situación, en algunas partes del país, se establecieron escuelas para niñas embarazadas, con un nivel bajo y donde solo se daban clases varios días a la semana; algo que ahora el Tribunal de Justicia de la CEDEAO también encuentra discriminatorio.
Esta decisión tiene detrás la denuncia contra la norma de 2015 que en mayo de 2017 interpuso la ONG sierraleonesa Waves en asociación con Igualdad Ya y el Instituto de los Derechos Humanos y el Derecho en África, a la que más tarde se sumó Amnistía Internacional.
