Se recrudece el conflicto en Darfur occidental
Posiblemente sean más de 30.000 las personas que han tenido que abandonar sus hogares en la región sudanesa de Darfur occidental y buscar refugio en Chad. Desde finales de diciembre, los enfrentamientos entre distintos grupos étnicos se han intensificado en la zona. Una vez que llegan al país vecino las personas refugiadas son repartidas en varios pueblos situados en una franja de unos 100 kilómetros a lo largo de la frontera, en torno a la ciudad de Adré, en la provincia de Ouaddaï, donde ya están asentados unos 128.000 refugiados sudaneses. Las condiciones son alarmantes: la mayoría vive al raso o en refugios improvisados, con escasa protección ante las inclemencias climáticas. Se necesitan alimentos y agua potable de forma urgente y las condiciones de salud son preocupantes, afirma la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Desde que en 2010 se firmó la paz en la región, con el llamado Acuerdo de Tulu, no se había vivido una situación tan grave como la actual, solo escaramuzas y alguna violación de los pactos, especialmente por parte de las fuerzas armadas sudanesas. El conflicto comenzó en 2003 cuando el Movimiento de Liberación de Sudán (SLM) y los grupos rebeldes del Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM) se unieron para luchar contra el Gobierno de Jartum, al que acusaban de oprimir a la población no árabe de Darfur. La respuesta del Ejecutivo fue muy dura e incluyó una campaña de limpieza étnica contra las poblaciones no árabes. Fue por estas acciones, entre otras, que terminaron con la vida de cientos de miles de civiles, por lo que el anterior presidente sudanés, Omar al-Bashir, fue acusado por la Corte Penal Internacional de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Después de firmarse un acuerdo de paz en 2010, se iniciaron conversaciones para dotar a la región de mayor autonomía, pero el JEM decidió suspenderlas tras acusar al Ejército sudanés de llevar a cabo redadas y ataques aéreos contra algunos pueblos.
Tras la movilización ciudadana que llevó al derrocamiento de al-Bashir en abril de 2019, el borrador de la Declaración Constitucional de agosto del mismo año, firmado por representantes de los militares y de la sociedad civil, establece que en Darfur debe ponerse en marcha un proceso que conduzca a un acuerdo verdadero y durable de paz. Igualmente indica que este debe realizarse durante los seis primeros meses, de los treinta y nueve de transición que se conceden al Gobierno Civil Democrático.
Poco o nada ha hecho para conseguir la paz en la región el nuevo gobierno. Prácticamente ha agotado los seis meses que tenía de plazo para conseguir un nuevo acuerdo. Los últimos acontecimientos incidirían más en la imposibilidad de llegar a uno. Detrás de estos nuevos enfrentamientos vuelven a estar las diferencias entre ciudadanos árabes y no árabes.
ACNUR considera que “el restablecimiento de las condiciones de seguridad es esencial para la consolidación de la paz y contribuirá, asimismo, a la puesta en marcha de programas de ayuda para el desarrollo que resultan indispensables para promover soluciones duraderas, como el retorno de personas desplazadas internas en Sudán y de los refugiados una vez se den las condiciones propicias”.
Pero en este momento las posiciones que llevarían a la paz están muy distanciadas. Durante décadas el Gobierno de Jartum ha sembrado el odio y la división en la zona y resultará muy difícil superar esa herencia. Pero no por eso debe el nuevo gobierno tirar la toalla. Al contrario, tiene que facilitar el diálogo y el entendimiento entre los sectores enfrentados con más fuerza que nunca.
