Morir por ir al colegio en Camerún
Los grupos separatistas que luchan por la independencia de las dos regiones de habla inglesa del oeste de Camerún han quemado edificios de escuelas y secuestrado y asaltado estudiantes y profesores por no respetar la orden que dieron, en 2017, de forzar un boicot a la educación en todo el territorio de la supuesta Ambazonía, según denuncia Human Right Watch (HRW).
Todos estos crímenes que se cometen contra alumnos y enseñantes buscan el cierre de los centros educativos que siguen abiertos en una medida más de los separatistas para ganar mayor notoriedad y reconocimiento político. Además, estos grupos utilizan las instalaciones escolares como bases en las que se asientan sus milicianos y también las usan como centros de detención y tortura.
Estos ataques tienen un impacto muy negativo en la educación: a casi 600.000 niños y jóvenes se les impide acudir a la escuela desde finales de 2016 y solo el 19% de las escuelas primarias y secundarias permanecen abiertas en ambas regiones, según datos de diversas agencias de Naciones Unidas. También el ejército camerunés ha sido acusado de haber incendiado alguna escuela en la zona.
En 2018, Camerún respaldó la Declaración de Escuelas Seguras. Una iniciativa que permite a los países expresar su apoyo político para la protección de los estudiantes, maestros y escuelas en situaciones de conflicto armado. También, para destacar la importancia de la continuación de la educación en estas situaciones y la aplicación de las directrices para proteger escuelas y universidades de uso militar durante el conflicto armado.
Por eso, desde HRW y otras organizaciones internacionales se pide al Gobierno camerunés que haga mucho más de lo que ha hecho hasta el momento para garantizar que las niñas y niños que habitan en las regiones anglófonas de Camerún puedan acudir a las escuelas de una manera segura y para promover formas alternativas de educación, incluida la enseñanza por radio, Internet o televisión, para aquellos estudiantes que no puedan incorporarse a las aulas.
Desde 2016, las fuerzas de seguridad y los distintos grupos separatistas, que luchan por la independencia de Ambazonía, se enfrentan en las dos regiones camerunesas de habla inglesa. Distintas ONG internacionales han acusado a ambas partes de crímenes de guerra y abusos contra la población civil, además de continuas violaciones de derechos humanos.
Solo el pasado 14 de febrero, 23 civiles, entre los que se encontraban 15 niños y dos mujeres embarazadas, fueron asesinados en Ntumo, una aldea en el noroeste, por soldados y una milicia aliada del ejército, según Human Right Watch. El Ejército niega este dato y asegura que se trató de un “desafortunado accidente”. Fuera lo que fuera, el conflicto ya se ha cobrado más de 3.000 vidas y ha obligado a más de 700.000 personas a abandonar sus hogares en las dos regiones.
Pero es que, además, esta campaña de los separatistas contra la educación lo único que ha conseguido hasta el momento es robar a toda una generación de niñas y niños su derecho fundamental a la educación. Por eso, el Gobierno camerunés tiene que tomar todas las medidas necesarias para asegurar su pleno respeto. Hasta ahora no lo ha hecho con toda la contundencia con la que debería haberlo hecho.
