¿Derechos humanos a la carta para algunos países africanos?
Algunos países africanos, cuando se les cuestiona su compromiso con los derechos humanos, optan por bloquear las instituciones que puedan investigarlos, como es la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), que tiene su sede en Arusha, Tanzania.
El último país en tomar esta resolución ha sido Costa de Marfil. El pasado 29 de abril hizo público el anuncio. De esta forma, evita que personas u ONGs puedan presentar denuncias directamente ante el tribunal. ¿Por qué toma esta decisión? Pues sencillamente porque el 22 de abril la CADHP ordenó la suspensión de la orden de arresto contra el ex primer ministro y líder de uno de los partidos de la oposición Guillaume Soro y 19 de sus partidarios. El tribunal estimaba que la ejecución de la orden de arresto, a seis meses de la celebración de elecciones presidenciales, corría el riesgo de comprometer el ejercicio de los derechos y libertades políticas de los solicitantes. Alegando que Costa de Marfil es un estado soberano y de derecho y que la justicia es igual para todos los ciudadanos, el Ejecutivo marfileño se retiró de la CADHP.
Pero no es el primer país que adopta una decisión similar. Pocos días antes, el 21 de abril, Benín se retiraba del protocolo que permite a la CADHP examinar las quejas de víctimas de violaciones de derechos humanos u ONG. El 17 de abril, el tribunal ordenó la suspensión de las elecciones municipales programadas para el 17 de mayo. La oposición beninesa se queja de no poder presentar candidatos a estos u otros comicios como consecuencia del nuevo código electoral. Por eso, uno de los líderes de la oposición, Sébastien Ajavon, pidió amparo a la Corte. En octubre de 2018, Ajavon fue sentenciado a veinte años de prisión por el tribunal para la represión de delitos económicos y terrorismo de Benín, en un caso de tráfico de cocaína. La revisión del proceso llevó a la CADHP a pedir la suspensión de la sentencia, luego su cancelación y finalmente, en un último pronunciamiento, ordenó al Estado beninés a pagar reparaciones a Ajavon por un total de 60 millones de euros más el levantamiento inmediato de las incautaciones de las cuentas del empresario y sus familiares.
Anteriormente, a principios de diciembre 2019, el país con más demandas presentadas ante el Tribunal por ONG, Tanzania, decidía prohibir el acceso de estas a la CADHP.
Ruanda abrió el camino en 2017 cuando la alta institución de justicia sentenció que el país había violado los derechos de libertad de expresión y opinión y el de acceso a una defensa justa de la opositora Victoire Ingabire Umuhoza.
30 países de los 55 miembros de la Unión Africana han ratificado el protocolo de la CADHP, pero solo 9 de ellos hicieron una declaración reconociendo el derecho de individuos y ONGs a presentar directamente casos y quejas ante el tribunal: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Malí, Malaui, Ruanda, Tanzania, Gambia y Túnez. De ellos, como hemos visto, cuatro han decidido retirarse de él, cuando las decisiones del tribunal no han sido favorables a sus gobiernos. Todavía no sabemos si ante situaciones similares los demás optarán por la misma solución.
La defensa de los derechos humanos en el continente no puede depender de la voluntad de un gobierno determinado, debe estar por encima de las opciones políticas, como en todas partes.
