Todos contra los civiles en el conflicto de Ambazonia
La masacre de Ngarbuh ha convulsionado el conflicto que asola las provincias anglófonas de Camerún (o Ambazonia, como reclaman los separatistas). Este acontecimiento tuvo lugar el pasado 14 de febrero en el distrito de Ngarbuh de la ciudad de Ntumbaw, en la región Noreste. Aquel día, fueron quemados vivos 23 civiles, entre los que estaban incluidas varias mujeres embarazadas y nueve niñas menores de cinco años. Desde un primer momento, diversos testigos acusaron al Ejército camerunés, pero el Gobierno de Yaundé lo negó. Varias organizaciones internacionales, entre las que se encuentran Human Rights Watch o Naciones Unidas, exigieron una investigación independiente que, finalmente, fue aceptada por el presidente Paul Biya. El informe final (prohibido en Camerún, aunque ha circulado abiertamente en redes sociales), publicado el 21 de abril, confirmaba las sospechas.
El documento asegura que Ngarbuh se había convertido en un centro para el reagrupamiento de los terroristas secesionistas y que servía como base logística para el suministro de armas a grupos separatistas que se dedicaban al robo de ganado, violaciones y ataques. Por eso el ejército ordenó una acción de reconocimiento. Los militares se hicieron acompañar de diecisiete miembros de los comités locales de defensa, diez de los cuales, junto a tres militares son los responsables directos de la masacre. El escrito también resalta que los enfrentamientos entre estos comités y las poblaciones locales han aumentado en los últimos meses. Por tanto, la pregunta que muchos se hacen es quiénes son estos civiles y qué papel interpretan en este conflicto.
Desde hace tiempo, el gobierno y su administración ha fomentado la creación de estos grupos. En teoría, sus funciones deberían estar limitadas a la vigilancia para poder informar a las fuerzas de seguridad de cualquier incidencia registrada. Dado que los forman vecinos del lugar que conocen el territorio de sus comunidades, pueden percibir movimientos de personas que pudieran indicar la proximidad de un grupo rebelde o un ataque. El resultado de sus indagaciones debería permitir al ejército neutralizar a los terroristas. En el último año, estos comités han empezado a armarse y organizarse mejor y a asumir un cometido más activo en la lucha contra los separatistas. Ahora, su participación activa en la masacre de Ngarbuh cuestiona su forma de actuar.
Algunos informes, como el presentado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en febrero, alertaban de la posible confrontación étnica detrás del surgimiento de estos grupos, los cuales podrían aprovechar el conflicto para saldar cuentas pendientes. Por ejemplo, se cita el aumento de los enfrentamientos entre las comunidades mbororo, pueblo nómada que se mueve entre Camerún y Nigeria en esta zona, y las poblaciones locales. En el documento de OCHA ya se cuestionaba si al confiar en estos comités y dada la rivalidad existente entre comunidades, las autoridades camerunesas no estarían sembrando las semillas de futuros conflictos que pueden sobreponerse al del separatismo.
Mientras se aclaran estas dudas, a principios de mayo, el Ejército camerunés anunciaba la muerte de, al menos, veintidós guerrilleros separatistas tras una semana de operaciones contra los rebeldes. Sin embargo, testigos presenciales vuelven a acusar a las fuerzas armadas de haber asesinado, al menos, a trece civiles durante esas acciones. ¿Estaría detrás de estas muertes la mano de los comités de vigilancia una vez más?
La población civil no sabe a quién volverse en busca de ayuda: los militares disparan sobre ellos, los comités de vigilancia disparan sobre ellos y los rebeldes separatistas disparan sobre ellos.
