Masacres y pueblos arrasados en nombre de la lucha antiterrorista en el Sahel
La mezcla de inseguridad alimentaria, la emergencia humanitaria que ha dejado a más de 7,5 millones de personas en situación de extrema vulnerabilidad y la pandemia de la COVID-19 ha convertido al Sahel en una región que soporta una profunda crisis. A todo ello se suma que la población civil se encuentra atrapada entre los ataques de los grupos armados y las operaciones que los militares desarrollan para neutralizarlos, según explica Amnistía Internacional (AI) en un comunicado que lleva el título de They Executed Some and Brought the Rest with Them: Civilian Lives at risk in the Sahel (Ejecutaron a algunos y trajeron el resto con ellos: vidas civiles en peligro en el Sahel).
El informe detalla lo que califica de grave realidad de la región, especialmente en Malí, Níger y Burkina Faso. En él se habla de, al menos, 57 ejecuciones extrajudiciales y un mínimo de 142 casos de desapariciones forzosas, que supuestamente han sido cometidas por soldados entre los meses de febrero y abril. Por eso la organización declara que en Burkina Faso y Malí, donde la situación puede calificarse de conflicto armado no internacional, el asesinato deliberado de ciudadanos desarmados por parte de las fuerzas de seguridad podría considerarse como crimen de guerra.
AI insta a los gobiernos de Burkina Faso, Malí y Níger a poner fin a la impunidad por las continuas violaciones de derecho humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad contra la población civil desarmada y a garantizar que las operaciones militares se ajusten al derecho internacional humanitario. Hasta ahora, las promesas realizadas en este sentido por parte de los Ejecutivos no se han cumplido.
Es más, las fuerzas armadas y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Níger no han perdido tiempo en negar, el mismo día que se publicó el comunicado de AI, las afirmaciones vertidas por la organización. Las autoridades nigerinas afirman que las acusaciones de violaciones de derechos humanos no tienen fundamento.
Ante la gravedad de las afirmaciones realizadas en el informe, aseguran haber llevado a cabo una investigación encomendada a la Inspección General de Ejércitos y Gendarmería, según la cual, los denunciantes y los testigos presenciales no habrían aportado pruebas “tangibles e irrefutables para corroborar las denuncias contra los elementos militares que operan en la zona”.
En cuanto a las fotos que circulan por las redes sociales, dicen que “no destacan ninguna presencia de soldados de las fuerzas armadas de Níger en el área” en el momento en el que los presuntos hechos tuvieron lugar.
Las autoridades nigerinas llegan a la conclusión de que los grupos armados terroristas intentan crear la confusión y que por eso algunos de sus miembros visten los mismos uniformes que las fuerzas de seguridad, y utilizan vehículos militares robados al ejército durante los ataques.
Evidentemente, no se podía esperar que el propio Gobierno nigerino y sus fuerzas de seguridad reconocieran la veracidad de hechos tan graves. Por eso es importante, piensa AI, que los actores regionales y los socios internacionales adopten una postura firme contra estas violaciones de derechos humanos y exhorten a los tres países a garantizar que se toman todas las medidas necesarias antes, durante y después de las operaciones para prevenir daños a civiles y más abusos.
