Extorsión de civiles para financiar la guerra
En muchos conflictos africanos la extorsión de la población civil por parte de los distintos bandos que se enfrentan es un medio más de financiación personal de pequeños caudillos y sus seguidores. Algo implícitamente aprobado por los más altos mandos militares o de los grupos armados rebeldes.
La reflexión nos surge tras recibir esta semana una buena noticia que llegaba desde las regiones anglófonas de Camerún. Se ha restaurado el tráfico en uno de los principales ejes de comunicación por donde circulan gran cantidad de mercancías entre este país y su vecino Nigeria, desde Bamenda a Enugu. El Ejército camerunés alega que ha despejado todos los obstáculos que lo bloqueaban, principalmente los puestos de control establecidos por milicianos rebeldes para recabar dinero de aquellos conductores que se aventuraban por aquella ruta. Los grupos separatistas niegan que ellos estuvieran al frente de esas trabas y alegan que posiblemente fueran los propios efectivos del ejército los que se aprovechaban de la situación de confusión para ingresar fondos adicionales a sus salarios.
El cierre de este corredor supuso un duro golpe para la economía de los dos países. Ahora queda por ver cuanto tiempo permanece abierta la carretera, ya el año pasado, los militares afirmaron haber conducido una operación similar. Acción que permitió el tránsito de bienes y personas entre los dos países durante solo algunos meses.
El recurso a los puestos de control para extorsionar a la población civil no es algo nuevo ni específico de los conflictos de Camerún. Es algo muy frecuente en todas las situaciones bélicas que se viven o se han vivido en el continente africano. El patrón es siempre el mismo: el grupo desplegado en la zona bloquea carreteras y caminos en nombre de la seguridad y la protección de la población que habita en ella, pero solo deja pasar por ellos a los que pagan. La persona que se niega es sometida a castigos físicos o incluso ejecutada. Muchas veces los que controlan el puesto saquean directamente los camiones y coches que se acercan hasta allí e incluso comenten violaciones de personas.
Además, estos bloqueos de rutas tienen una repercusión directa sobre la economía de los ciudadanos, ya que impiden el tráfico de mercancías y suspenden el negocio entre distintas regiones o países del que viven cientos de personas, especialmente mujeres que intercambian productos agrícolas o de otro tipo a ambos lados de la frontera. Un comercio minorista que permite la subsistencia de muchas familias. La población civil no es solo víctima inocente de los conflictos, sino que también termina financiándolos contra su voluntad.
Todas las partes que intervienen en el conflicto suelen aprovechase de este recurso gracias a la superioridad que les otorga el uso de armas. Y siempre son los civiles los que sufren las consecuencias de estas acciones. Las tasas recaudadas por este medio normalmente quedan en los bolsillos de los jefecillos y sus secuaces encargados de controlar una zona determinada. No solamente miembros de grupos armados insurgentes se arrogan estas funciones, sino que también elementos de los llamados comités de defensa civil, que surgen en numerosos conflictos para defender a las aldeas de los ataques de los primeros; de hecho, Ante la inactividad de las fuerzas armadas, suelen desplegar actitudes similares. Igualmente, no es extraño ver a efectivos de los ejércitos nacionales adoptar acciones similares.
Normalmente, los altos mandos de uno y otro lado aprovechan este método para mantener contentos a sus leales y permitirles conseguir un complemento a sus sueldos o quizás la única soldada que reciben.
