160 millones de dólares se tirarán a la basura en Camerún
Es un viejo dilema que se plantea no sabemos bien desde cuándo, pero que tiene que ver con la eterna dicotomía entre guerra y paz. Esta suele empujar a optar entre la reconstrucción de un país y sus instituciones antes de que se llegue a un acuerdo político que ponga fin al conflicto o esperar a que este se produzca para entonces comenzar la rehabilitación de todo lo deteriorado durante la contienda. A veces, la disyuntiva consiste en elegir entre elecciones antes de la paz o paz antes de celebrar comicios como ocurrió durante la década de los noventa del siglo pasado en muchas de las conflagraciones que asolaron el oeste africano: Sierra Leona y Liberia, son buenos ejemplos de esto.
En la actualidad ha surgido un problema similar en las regiones anglófonas de Camerún. Una zona que necesita con urgencia todo tipo de ayuda humanitaria. El Gobierno de Yaundé y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron en mayo un acuerdo con el que poner en marcha un plan para la reconstrucción y el desarrollo de las regiones Noroeste y Noreste. Este es el nombre que reciben las dos zonas administrativas en las que se divide el territorio que corresponde con el de la autoproclamada República de Ambozonia y donde tropas gubernamentales y distintos grupos armados que reclaman la independencia llevan enfrentados desde 2017. Ambas partes han sido acusadas de graves violaciones de derechos humanos. La población civil es, una vez más, la más afectada por esta disputa: ha visto como sus medios de vida han desaparecido, esto, junto a la inseguridad que se vive en la zona, ha obligado a muchas personas a huir de sus casa y pueblos.
Es evidente que la zona anglófona necesita urgentemente todo tipo de ayuda humanitaria y de fondos para la reconstrucción, pero son muchos los ciudadanos que se preguntan si es posible emprender estas tareas, sobre todo la segunda, sin antes alcanzar un acuerdo político que otorgue una solución al conflicto. Porque al menos que este termine, cualquier plan fracasará ya que tanto vidas como bienes continuarán a ser destruidos. Esto generará nuevas necesidades de dinero para la ayuda y la reconstrucción, como pescadilla que se muerde la cola. Todo apunta, según los críticos con esta propuesta, a que los 160 millones de dólares destinados a este programa, servirán de bien poco.
Estas dudas razonables hacen pensar que, desgraciadamente, los detractores de la iniciativa tienen razón. Basta observar el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad en la zona. Los grupos de derechos humanos han documentado que estas han quemado más de 225 aldeas en todo ese territorio desde que comenzó la crisis. Después de la firma de este acuerdo, los militares han seguido saqueando y destruyendo poblaciones. La última acción documentada data del 1 de septiembre cuando varios grupos de soldadas saquearon distintos barrios de Bamenda, la capital de la región Noroeste, en respuesta al asesinato de un agente de policía.
Los grupos separatistas se han puesto de acuerdo para rechazar el plan porque, según ellos, no tiene en cuenta las raíces del conflicto y por eso se suman a las voces que piden una solución política antes de comenzar con la reconstrucción.
Es justo que se atiendan las necesidades humanitarias de la población afectada por el conflicto en las regiones anglófonas de Camerún, pero ¿se puede reconstruir el tejido social, económico y político de la zona sin lograr antes la paz? No, así que lo más seguro es que tantos millones de dólares sirvan solo para enriquecer a unos pocos y no para solucionar los problemas de la población como ha sucedido ya en tantos otros conflictos.
