A pesar del silencio, la guerra sigue su curso en Mozambique
Poco —por no decir nada— se habla del conflicto que se vive en el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado. La falta de atención mediática no impide que continúe escalando y ya haya obligado a más de 300.000 personas a abandonar sus hogares y huir de sus aldeas. La gran mayoría de ellas llegan hasta Pemba, la capital de la zona. Las que tienen suerte son acogidas por familiares o amigos en sus casas; el resto tiene que buscarse la vida, pero todos necesitan de asistencia humanitaria al haber perdido sus medios de subsistencia.
Cualquier nueva acción, ya sea de los rebeldes, ya sea del ejército nacional, resulta en más personas —especialmente mujeres y niños— expuestas al hambre y a la dependencia, ha advertido el Programa Mundial de Alimentación (WFP). La situación es aún más preocupante, ya que Cabo Delgado tiene la segunda tasa más alta de desnutrición crónica del país, y más de la mitad de los niños menores de cinco años de la provincia se encuentran en esta situación. También esta zona registra el segundo número más alto de casos de covid-19 en la totalidad de Mozambique. El conflicto y los desplazamientos de personas tienen el potencial de acelerar la propagación de la pandemia y aumentar el número de menores afectados por la desnutrición crónica.
Desde octubre de 2017, la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, sufre los ataques de un grupo terrorista de corte islamista: Al Sunnah wa Jama’ah (que significaría los que siguen la tradición del profeta). La población local lo llama simplemente Al Shabab, los jóvenes, sin que esto signifique que tenga ninguna relación con los islamistas somalíes que sí portan ese nombre.
Cuestiones económicas, religiosas y de seguridad están detrás del surgimiento de este grupo. La provincia de Cabo Delgado cuenta con 2,3 millones de personas, el 58% de las cuales son musulmanas. En la última década, se descubrieron en ella enormes depósitos de petróleo y gas —de hecho, las mayores reservas de gas al sur del Sahara—, que son explotados por compañías extranjeras y que dejan pocos beneficios en la zona.
Los miembros de Al Sunnah wa Jama’ah son, en su origen, jóvenes marginados, prácticamente sin educación y desempleados. A ellos se han unido, entre otros, jóvenes migrantes que buscan una oportunidad en la vida y líderes religiosos educados fuera del país (especialmente en mezquitas wahabitas de Arabia Saudí y Sudán).
Pobreza, marginación, falta de oportunidades y expolio en una tierra rica en recursos naturales están detrás de este conflicto al que el Gobierno mozambiqueño ha respondido solo con una ofensiva militar, que incluye la contratación de mercenarios y que no ataca las raíces del problema. Como en tantas otras ocasiones, la población civil es la principal víctima de estas acciones.
Las autoridades locales ya han establecido varios campos para personas desplazadas, donde se concentran las que huyen del conflicto dejando atrás todos sus bienes. Pero el creciente número de estas está obligando a construir más espacios de acogida, incluso en provincias limítrofes, para rebajar la tensión que ya empieza a experimentarse en Cabo Delgado.
En los últimos días, el Ejército ha asegurado haber batido en retirada a los rebeldes y que no queda ninguna población en sus manos. A pesar de ello, los desplazados tienen miedo de regresar a sus hogares. No se fían de la situación y no tienen la seguridad de que los insurgentes no vuelvan a atacar.
