Hay que terminar con el saqueo de África, ¿pero cómo?
Erradicar o, al menos, reducir los flujos financieros ilícitos (FFI), que es otra de las modalidades con las que se saquea África, ayudaría a financiar el desarrollo sostenible en el continente y a que sus países pudieran alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en la fecha prevista, 2030.
Más de 88 mil millones de dólares salen ilícitamente desde África cada año, según las últimas estimaciones realizadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en su documento Curbing illicit financial flows to finance sustainable development in Africa, presentado recientemente.
Con el término FFI se denomina a las corrientes de dinero ganado, transferido o utilizado ilegalmente que fluyen entre países. Los flujos ilícitos pueden producirse de muchas maneras, pero ninguna de ellas se refleja en las cuentas oficiales del país. Este dinero se genera por la manipulación de precios en el comercio, la subfacturación de las materias primas (oro, diamantes, madera…), el contrabando, la evasión y la elusión de impuestos (esto último gracias a los acuerdos internacionales que evitan que muchas empresas transnacionales paguen tasas en los países africanos). También por la corrupción, los sobornos, los robos de activos del Estado, el narcotráfico, la trata de personas, la caza furtiva, la pesca ilegal —no declarada y no reglamentada (pesca INDNR)—, el movimiento de grandes cantidades de dinero en efectivo, el blanqueo de ganancias delictivas o la financiación por terrorismo. Mucho de este dinero termina en paraísos fiscales, que facilitan y fomentan este robo de riquezas.
Si estas enormes cantidades de dinero se invirtiesen en los países en los que se producen, podrían desarrollar su capacidad productiva y generar empleos. El aumento de los ingresos fiscales, por su parte, permitiría a los Estados disponer de más medios para invertir en infraestructuras, educación, sanidad y programas de reducción de la pobreza o para ayudar a sus ciudadanos durante emergencias, como puede ser el caso de la actual pandemia de covid-19.
En África, la UNCTAD estima que el déficit de financiación anual para alcanzar los ODS supera los 200.000 millones de dólares. Además, a principios de 2020, los gobiernos del continente necesitaban fondos adicionales para gastar en salud, protección social y recuperación económica en respuesta a la pandemia. A medio y largo plazo, también deben dedicar recursos a la implementación de la Zona de libre comercio y a la Agenda 2063 de la Unión Africana, dos elementos que pueden dar un fuerte impulso al desarrollo de África.
El problema es que terminar con esta plaga no es algo fácil, como bien reconoce la UNCTAD. El organismo internacional recomienda que, para frenar los FFI, los países recopilen más y mejores datos comerciales, cierren las lagunas existentes en los tratados fiscales y fortalezcan los marcos regulatorios. Además, pide que los países africanos se coordinen más en el intercambio de datos, alineen sus regulaciones y se comprometan con los esfuerzos internacionales de reforma tributaria.
Hasta ahora, si algún gobierno africano ha tomado alguna acción para frenar los FFI, ha sido por la presión que desde hace algunos años ejercen las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en línea con la Agenda 2030. Esta incluye un objetivo dedicado a la reducción de los flujos financieros ilícitos y además establece claramente la importancia de los impuestos para el desarrollo (16.4) y de la primera meta del objetivo 17 sobre los medios de implementación de toda la Agenda.
Por eso, la esperanza de que de verdad los gobiernos africanos tomen medidas para terminar con los FFI y utilicen ese dinero para el desarrollo de sus países recae en el trabajo que las OSC siguen realizando. No en los políticos que muchas veces se benefician —y de ahí su pasividad— de esas irregularidades.
