Escuelas inseguras
El pasado 24 de octubre un grupo de hombres armados atacó una escuela en Kumba, un pueblo del oeste de Camerún ubicado en una de las regiones anglófonas del país. Ocho alumnos murieron. Responsables de instituciones internacionales calificaron el hecho como “la peor atrocidad” ocurrida en Camerún en lo que va de curso escolar. Detrás del incidente parece estar alguno de los grupos que luchan por la independencia de Ambazonia.
Es curioso cómo lo que allá por 2016 comenzó como una serie de manifestaciones pacíficas contra la marginación que los habitantes de la zona anglófona del país sienten por parte del Gobierno de Yaundé haya terminado en el ataque deliberado a un centro escolar. En el oeste de Camerún son muchas las escuelas que debido al conflicto se han visto obligadas a cerrar sus puertas. Mientras, en la zona del Sahel, los grupos yihadistas continúan su lucha contra la educación y tienen en su punto de mira a escuelas y profesores que enseñan cualquier cosa que no sea el Corán.
En marzo pasado, el Ministerio de la Educación de Burkina Faso informaba de que más de 2.500 escuelas habían cerrado sus puertas debido a los ataques o amenazas de los grupos islamistas. Los atacantes no solo obligan a cerrar los edificios, en muchas ocasiones los reducen a escombros, destruyen los materiales escolares y saquean la comida donada por agencias internacionales para los estudiantes. En bastantes ocasiones también han asesinado a los enseñantes o los han azotado en público y, en la mayoría de las veces, les han obligado a abandonar el territorio donde impartían sus clases. Estos actos tuvieron como consecuencia que, en aquel momento, casi 350.000 niñas y niños se quedaran sin educación y más de 11.200 profesores sin alumnos a los que enseñar. Desde entonces, el número de establecimientos, menores y enseñantes afectados no ha dejado de crecer.
La situación es muy parecida en otros países del Sahel que viven bajo la amenaza de los terroristas. A finales de octubre, solo en Malí se habían cerrado ya 926 escuelas, lo que afecta a la educación de 227.800 menores. El 61% de estos colegios se concentran en la zona de Mopti.
Evidentemente, estas acciones suponen un grave incumplimiento de las normas de derecho humanitario y en especial de la Declaración de Escuelas Seguras. Esta última es un compromiso político intergubernamental que permite a todos los países expresar su apoyo para la protección de los estudiantes, maestros y escuelas durante tiempos de conflicto armado. Y resalta la importancia de la educación durante los conflictos armados y la aplicación de las directrices para proteger escuelas y universidades de uso militar durante conflictos armados.
En definitiva, que para el año 2030, que es el objetivo que se pone la Declaración, ninguna escuela del mundo se vea afectada por la violencia y sea una especie de santuario, donde a pesar del conflicto, niñas, niños y profesores puedan seguir con sus estudios sin miedo a ser interrumpidos, reclutados, castigados o asesinados.
Los tres países mencionados anteriormente —Camerún, Burkina Faso y Malí— han firmado la Declaración de Escuelas Seguras, pero la realidad demuestra que cuando se baja al terreno es difícil, aunque no imposible, poner en práctica las declaraciones políticas, por muy buena que sea la voluntad que las promueve. Habría que ver quién tiene el valor de enfrentarse a unos terroristas energúmenos para explicarles que con su guerra contra la educación están violando el derecho internacional. A ellos no les importa. Entonces, ¿cómo conseguir que de verdad las escuelas sean espacios seguros? Creo que, por ahora, esto no pasa de ser un bonito sueño, porque no existen los medios para ello.
