La pregunta de la semana en Venezuela
El Caribe está revuelto por estos días. El Huracán Iota llegó a categoría 5 y dejó devastado el archipiélago de Providencia y San Andrés en Colombia, así como parte de Honduras y Nicaragua, donde se registraron 16 muertes. En Venezuela también se sintieron los efectos de Iota y ya hay más de 500 familias damnificadas por las fuertes precipitaciones e inundaciones en la región occidental del país.
Un poco más al sur, en Perú, hubo dos estudiantes muertos por la represión policial ante las multitudinarias protestas que se originaron luego que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra y designara a Manuel Merino como presidente de la nación. Merino renunció al tercer día y ahora fue designado el ingeniero Rafael Sagasti. En menos de una semana Perú tuvo tres presidentes.
Pero sin duda la pregunta de la última semana que no podemos pasar por alto fue la que hizo el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sobre la llamada Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), un organismo policial que la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sugirió disolver.
Es preocupante que la Fiscalía esté tan divorciada de lo que ocurre en las calles de Venezuela. ¿Realmente el fiscal general desconoce que la actuación del FAES ha sido denunciada varias veces por sus excesos y su inmunidad, de apariencia intocable y poderosa, ante el resto de los organismos de seguridad del Estado? En una entrevista televisiva, Saab expresó: “Nos han llegado dos denuncias vinculadas al FAES nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAES”. Luego aseguró que se inició una investigación: “Ahí va a haber presos porque eso no puede ocurrir. En Venezuela no puede pasar”.
Y ¿qué es lo que no puede pasar en Venezuela, según el fiscal? Hace dos semanas, funcionarios de la FAES llegaron a la propiedad del productor agrícola Américo Ledezma, en el estado Zulia. Lo amordazaron y le ordenaron abrir un hueco en un terreno de su propiedad. Ledezma milagrosamente logró comunicarse con la policía municipal, que llegó al lugar y, tras una fuerte discusión con los funcionarios de la FAES, logró abortar el secuestro en proceso del que era víctima el productor.
Las FAES se introdujo en la finca del productor agropecuario "Américo Ledezma" en el Edo. Zulia, lo tenían amordazado y ordenaron a los trabajadores hacer un hueco cuando llegaron policías nacionales y evitaron la abominable situación de secuestro intérprete usted para que sería. pic.twitter.com/ZgSohtzJjW
— Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinae) November 16, 2020
Américo Ledezma se salvó pero hay muchos en Venezuela que no han tenido la misma suerte y, ante el miedo, su familia tampoco ha querido denunciar. Y esto pasa a diario en este país, pero parece que Tarek William Saab no se entera. En Petare, que es la favela más grande de América Latina, ubicada hacia el noreste de Caracas, protestaron varias veces el año pasado por el acecho de la FAES a sus casas y contra los jóvenes.
Vecina de José Félix Ribas cuenta la razón de su protesta en contra del FAES, “ A mi esposo me lo sacaron de mi casa, hoy está cumpliendo 12 días de fallecido”. #10Jun pic.twitter.com/RiU5dKk7Vv
— Carolina Carvallo (@caro_carvallo) June 10, 2019
Elena, una vecina de Petare, me contó que los funcionarios llegaban al barrio vestidos de negro, y con capuchas, con fusiles y otras armas. “Sin identificarse y sin orden de allanamiento ni nada se meten en las casas, dicen que están buscando a alguien y entonces si ven comida se la roban, o si ven dinero y celulares se los llevan y ya. Si ven a algún joven de apariencia extraña o simplemente que no les guste a ellos, se lo llevan y lo desaparecen, lo matan, y ya, no se puede denunciar porque luego vienen y matan a la familia”.
El testimonio de Elena es una fiel descripción de la actuación de este organismo policial, que no tiene más de mil hombres en todo el país y que fue creado por Maduro en 2016 y actúa al margen del estado de Derecho, como un grupo de exterminio inmune ante toda ley.
Por eso, y por varios escalofriantes testimonios más, la alta comisionada de DDHH de la ONU pidió disolver la FAES; sin embargo, el fiscal general parece no tener claras las razones. Es obvio que el poder Ejecutivo tampoco, ni que lo diga la ONU. En este momento la corrupción policial no es prioridad para al Gobierno, su atención está concentrada en unas elecciones parlamentarias, diseñadas a su medida, para seguir atornillándose en el poder hasta el infinito y más allá.
