Democracia y amenaza terrorista en Burkina Faso
El presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, fue reelegido para un segundo mandato en las elecciones celebradas el pasado 22 de noviembre. En aquellos comicios, su partido, el Movimiento Popular por el Progreso, también obtuvo la mayoría del Parlamento con 90 de los 127 escaños en juego. El partido del expresidente Blaise Compaoré, quien fuera derrotado por un levantamiento popular en 2014, se ha convertido en el mayor grupo de la oposición con 20 asientos en el Legislativo.
Son muchos los países y mandatarios que han felicitado al presidente reelecto y han aplaudido el proceso electoral en el que han visto una consolidación de la democracia. Por ejemplo, la Unión Europea ha elogiado el “consenso y civismo” vivido en las elecciones.
La pregunta que nos surge al leer estas noticias es cómo se pueden elogiar unos comicios en los que gran parte del país no ha tenido posibilidades de participar, debido a que los grupos yihadistas controlan una parte significativa del territorio y han desplazado a más de un millón de personas.
Solo dos meses después de que Kaboré ganase sus primeras elecciones en 2015, cuando en el país se hablaba de reconciliación nacional, de desarrollo social y económico para todos y de poner fin a la era de corrupción e impunidad que habían supuesto los 27 años en el poder de Blaise Compaoré, se produjeron los primeros atentados terroristas en Burkina Faso, más concretamente en Uagadugú, la capital. Aquel fue el anuncio del inicio de la mayor tragedia vivida por el país tras el asesinato de Thomas Sankara en 1987.
Son muchas las voces que desde un primer momento denunciaron la mano de Compaoré y sus leales dentro del disuelto Regimiento de Seguridad Presidencial (RSP) detrás de la insurgencia islamista. De todos era conocido que el expresidente tenía un largo historial de colaboración con facciones yihadistas y que había desempeñado un papel importante en los esfuerzos de mediación regional. Por eso, a nadie extrañó que miembros del RSP se hubieran aliado con los terroristas para desestabilizar el nuevo régimen democrático surgido tras la revolución popular de 2014.
Desde entonces, los diversos grupos yihadistas han ganado terreno y controlan a los jefes políticos de esas áreas, además de las rutas de contrabando y las minas de oro para su financiación. Solo en este año, más de 2.000 personas han muerto a consecuencia de los ataques terroristas. Además, al menos un millón de personas han tenido que huir de sus hogares, especialmente en el norte y este del país. Igualmente, más de 2.500 escuelas han sido cerradas y unos 350.000 estudiantes han sido obligados a abandonar sus estudios, y algunos de ellos y sus maestros han sido asesinados. Para colmo, el Programa Mundial de Alimentos ha señalado recientemente que tres millones de burkineses se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda y que el país está “a un paso de la hambruna”, como consecuencia del conflicto y el cambio climático.
Por todo estas razones surgen dudas sobre la legitimidad de unas elecciones en las que gran parte de la población por estar desplazada, habitar en territorios controlados por los terroristas o no contar con un mínimo de seguridad no ha podido votar.
