Africa 3.0

Oro, conflicto y trabajo infantil en Malí

Las mezclas casi nunca son buenas, sobre todo cuando se junta conflicto con covid-19, como sucede en Malí. En ese país, miles de niños son víctimas de trata, obligados a trabajar en minas de oro o a luchar como soldados a medida que la guerra que se vive en el norte del país empeora y la pandemia obligó a cerrar escuelas, asegura Naciones Unidas.

No hace mucho, comentábamos en estas mismas páginas que a finales de octubre, solo en Malí se habían cerrado ya 926 escuelas, lo que afecta a la educación de 227.800 menores. Algunas de ellas lo hicieron como consecuencia de la llegada de la covid-19, pero la mayoría han cerrado sus puertas debido a los ataques o amenazas de los grupos islamistas. Los atacantes no solo obligan a cerrar los edificios, sino que en muchas ocasiones los reducen a escombros, destruyen los materiales escolares y saquean la comida donada por agencias internacionales para los estudiantes. En bastantes ocasiones también han asesinado a los enseñantes o los han azotado en público y, en la mayoría de las veces, les han obligado a abandonar el territorio donde impartían sus clases.

La semana pasada comentábamos como en la República Centroafricana en los meses posteriores al cierre de las escuelas, el trabajo infantil en las minas aumentó un 50%. En Malí ha sucedido lo mismo. En el primer país las minas son de diamantes, en este de oro.

Más de 6.000 niños, en su mayoría varones, han sido encontrados en distintos lugares donde se extraía oro por distintas agencias de Naciones Unidas en los últimos meses. Malí es uno de los mayores productores de este metal precioso de toda África. 

Pero además, los niños están siendo secuestrados y obligados a luchar con los grupos armados que operan en el norte del país. Otros son traficados, violados, vendidos, obligados a servidumbre sexual o doméstica o casados. La inmensa mayoría son malienses, pero también se han encontrado menores refugiados o migrados desde otros países. Es especialmente preocupante la impunidad de la que parecen gozar los grupos armados para secuestrar menores y utilizarlos como soldados o forzarlos a trabajar como esclavos en las minas de oro gracias a las cuales pueden financiarse.

Tal es la magnitud del fenómeno que algún alto oficial de Naciones Unidos ha declarado que como resultado de los conflictos y el deterioro socioeconómico agravado por la pandemia, asistimos a algunas de las violaciones más graves de derechos humanos en este país del Sahel.

La seguridad en Malí no deja de empeorar a medida que los grupos terroristas de corte islamista que operan en el norte ganan terreno, lo que hace que la acción del Estado no llega a grandes zonas. En agosto, la frustración popular, derivada de esta inseguridad, la corrupción y las dificultades económicas, llevó a nuevo golpe de estado en el país. Todos estos elementos han supuesto un excelente caldo de cultivo que ha permitido cometer todo tipo de abusos sobre miles de niñas y niños en todo el territorio de Malí.

Quizás ya sea tarde para salvar a muchos de estos menores y devolverlos a la escuela. Las consecuencias de todo esto se verá más adelante cuando toda una generación que ha perdido la oportunidad de estudiar y formarse llegue a la mayoría de edad.

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