Se recrudece la violencia en el centro de Malí
El centro de Malí es ahora la región más peligrosa del país, especialmente para los civiles, ha denunciado recientemente Médicos sin Fronteras (MSF). Desde hace tres años, la violencia se ha intensificado en la zona. Como consecuencia son muchas las personas que han resultado heridas o muertas y muchas más las que se han visto obligadas a abandonar sus hogares.
Esta zona del país tiene al norte la región de Tombuctú y al sureste Burkina Faso, dos territorios afectados fuertemente por la violencia de los grupos yihadistas. Los agricultores, tanto de la etnia peul como dogón, los pueblos mayoritarios en el área, son las principales víctimas de los asesinatos, la destrucción y el saqueo de las aldeas. Estos ataques no son solo más numerosos cada día, sino que también más violentos. Como resultado de todo esto, la población del centro de Malí se encuentra atrapada entre los grupos armados, los grupos locales de autodefensa constituidos en las aldeas para proteger a los aldeanos de los ataques, e incluso el Ejército nacional y las fuerzas de seguridad internacionales. Todo esto hace que por la zona circule gran cantidad de armas. Además, todo apunta a que los grupos armados han aprovechado la rivalidad existente entre comunidades para enfrentarlas entre sí. Todos estos elementos sumados hacen que la violencia contra los civiles sea omnipresente y los ataques contra pueblos enteros muy comunes, denuncia MSF.
En Malí operan varios grupos armados de corte yihadista. Por su parte, el Gobierno maliense está apoyado en su lucha por contingentes regionales e internacionales en su lucha contra los terroristas. Tanto la acción de los islamistas como las acciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad para combatirlos han tenido un impacto muy fuerte sobre la población. Con bastante frecuencia, se ha tomado a civiles por combatientes y se los ha criminalizado por el simple hecho de pertenecer a un grupo étnico determinado.
Está claro que el estado de los derechos humanos y la seguridad en Malí están muy deteriorados y por eso, la comunidad internacional, encabezada por Naciones Unidas, pide una solución rápida al conflicto y aboga por una respuesta militar eficaz que ponga fin a la violencia y proteja a la población civil.
Las autoridades de transición que surgieron tras el golpe de estado de 18 de agosto intentan armonizar los esfuerzos para conseguir un alto el fuego, la desmovilización de los combatientes y reconstruir la presencia local de estado en la zona, pero hasta ahora no han conseguido demasiado éxito en el intento.
Como suele ser habitual, una vez más se ha optado por la solución puramente militar para resolver esta crisis. Así se dejan de lado otras alternativas que pudieran dirigirse directamente a la raíz de los problemas sociales que afectan a la región, como pueden ser la pobreza o la falta de oportunidades para los más jóvenes lo que hace que mucho de ellos opten por la violencia, dejándose atrapar por los terroristas o los grupos de autodefensa. Ven en estos alistamientos la única salida a su desesperante situación. Un alto el fuego y una desmovilización de combatientes pueden ser soluciones temporales que salven miles de vidas, pero no una respuesta permanente a este problema que amenaza con perpetuarse.
