La democracia en riesgo en Túnez
La alegría que generó en Túnez la celebración del décimo aniversario de la implantación democrática, el resultado más optimista de las Primaveras Árabes, se ha visto empañada con rapidez. Desde hace algunos días, tanto la capital como otras ciudades importantes sufren la violencia de grupos de jóvenes que violan el toque de queda decretado para evitar la extensión del covid-19 en protesta por las restricciones y, al mismo tiempo, por las dificultades económicas en que el país se debate y que la población sufre.
Los incidentes cogieron por sorpresa a las autoridades: los promotores no cuentan con una organización conocida detrás, ni con una ideología determinada, ni con un líder claro entre tantos agitadores, que cada noche aparecen en los barrios y promueven incendios de coches, rupturas de escaparates e, incluso, la violación de domicilios privados. En algunos casos el objetivo es el robo, pero, en general, la protesta, si de alguna forma puede ser definida, es contra la frustración, las penurias y la desigualdad.
La dificultad para conseguir trabajo es a primera vista una de las razones que impulsan a salir a la calle y desafiar la Ley y a la autoridad a millares de jóvenes, en buena parte de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. El número de detenidos se eleva a varios centenares. Algunos días las fuerzas de Seguridad han perdido el control frente a actuaciones vandálicas e incluso agresiones físicas. Entre los analistas políticos y observadores diplomáticos existe el temor de que la joven democracia tenga los días contados.
No está claro hasta qué punto pueden estar influyendo los islamistas y yihadistas que se entremezclan con la población, que en general tiene sus ilusiones puestas en la consolidación democrática. Las opiniones se inclinan más a pensar que se trata de un conato de revolución social derivado del mal momento por el que atraviesa la economía. La caída del turismo, principal fuente de ingresos y trabajo, es una catástrofe, especialmente para la juventud que valora sin duda la libertad, pero una vez que ya la disfruta, reclama un mejor nivel de vida.
El primer ministro de la República, Hichem Mechichi, ha reaccionado con diligencia ejecutando una amplia reforma del Gobierno. Doce ministros han sido destituidos y relevados con el objetivo de que el cambio aplaque los ánimos y se inaugure un periodo de esperanza puesta en que el nuevo gabinete lleve a cabo reformas sustanciales. Entre los ministros cesados están los titulares de algunas de las carteras cruciales en la situación actual, como los de Interior, Justicia y Sanidad.
Se trata de los miembros del gabinete más impopulares y los que figuran con más frecuencia entre las críticas exacerbadas de los promotores anónimos de las manifestaciones: unos, acusados por la represión en su intento por mantener el orden público y el tercero, al que se culpabiliza de las restricciones contra la expansión del coronavirus que les imponen limitaciones de movimientos y de reunión cuando no confinamientos drásticos.
